* Familiares, actividades u miembros del magisterio disidente, marcharon en la Ciudad de México a 33 meses de la desaparición de los jóvenes en Iguala
NOÉ IBAÑEZ M.
A 33 meses de la desaparición de sus hijos, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunciaron una escalada de las agresiones en contra de los estudiantes de las 16 escuelas rurales del país.
Al avanzar junto a unas 500 personas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, donde concluyó con un mitin, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra reclamó que las agresiones en contra de los estudiantes en zonas rurales “tienen décadas” y su máximo punto fue la noche de Iguala con la desaparición de 43 estudiantes.
En su paso, acompañados por grupos urbano populares, los electricistas y el magisterio disidente, los padres exigieron algún tipo de avance en la investigación sobre el paradero de sus hijos.
“No permitiremos que avance más la impunidad. Los grupos de la delincuencia organizada siguen, como si nada, en Iguala; allá siguen desapareciendo y matando personas, como si nada hubiera pasado”, enfatizó Rosales.
“Vamos a tomar las calles en septiembre si a finales de agosto no presentan resultados de la investigación”, dijeron los normalistas desde el megáfono.
En algunos días se entregará un informe por parte del ombudsman nacional sobre los 43 y seguramente se tocará el tema de la tortura, dado que hay como 40 casos de personas imputadas que además de haber sido lastimadas en su dignidad, entorpece el conocimiento de la verdad para las víctimas.
En este contexto, resaltó que lo que le sucedió al normalista Julio César Mondragón fue un acto gravísimo de tortura, proscrito por todos los tratados internacionales y leyes pero no ha sido el único, en 2011 Ayotzinapa tuvo ocho estudiantes torturados, señalaron a la altura del Antimonumento en Bucareli y Reforma donde realizaron un pequeño mitin.
Los activistas acusan que, lejos de ayudar, los procuradores han bloqueado la investigación y no han seguido las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los padres exigen que la PGR realice una investigación formal al Ejército mexicano y que se incluya como línea de investigación el trasiego de droga desde Guerrero hasta Chicago, Estados Unidos.
También piden que se investigue penalmente al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio como responsable de alterar la investigación. Luego de que la PGR lo responsabilizara sólo de faltas administrativas, siendo que la ONU documentó graves violaciones a los derechos humanos en el caso Iguala.