* El vocero de seguridad Roberto Alvarez, anticipó que se fincarán responsabilidades
REDACCIÓN
Ocho ex funcionarios de la administración del ex gobernador Angel Aguirre Rivero, son investigados por la adquisición irregular de un software de espionaje que costó 17.5 millones de pesos, informó el vocero de seguridad Roberto Alvarez Heredia, quien incluso anticipó que se fincarán responsabilidades contra los responsables, de acuerdo con una nota de la agencia de noticias Quadratín.
Entre los ex funcionarios que están sujetos a investigación figuran el ex secretario de Finanzas del estado, Jorge Salgado Leyva; la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín; un ex secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública identificado como Porfirio Fabián Hernández Catalán; y el ex procurador de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, según Quadratín.
Otros cuatro ex servidores públicos, de menor rango burocrático que los ya mencionados, también estarían involucrados en el caso y ya comparecieron a declarar, según el vocero Roberto Alvarez.
La nota de Quadratín que recoge las declaraciones de Alvarez está fechada en Acapulco el día de ayer domingo 25 y textualmente dice:
“El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que se fincarán responsabilidades contra los titulares de la Secretaría de Finanzas, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General, así como de cuatro funcionarios menores de esas áreas, por la compra irregular de un software de espionaje en 17.5 millones de pesos durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
“El software conocido como “El Perro” debido a que se trata de un sistema de rastreo de llamadas de teléfonos celulares, se encuentra desaparecido.
“Álvarez Heredia dijo que derivado de un oficio en el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le informó la compra irregular mediante adjudicación directa en 2014, y que por el monto debió realizarse a través de una licitación pública nacional, el gobernador Héctor Astudillo Flores ordenó al contralor Mario Ramos del Carmen realizar una auditoría que inició el pasado 3 de marzo.
“La Contraloría no ha podido hasta este momento tener en su haber este software, por lo que es un software inexistente”, subrayó.
Sin embargo, agregó, tiene ya ubicados a cuatro servidores públicos entre los que mencionó, sin dar nombres, al director general de Presupuesto y Administración de la Secretaría de Finanzas, la jefa de la Unidad de Recursos Financieros de la Policía Ministerial del Estado, a una encargada del Instituto de Formación Profesional también de la Fiscalía General del Estado, y el director del Instituto de Formación Profesional.
Dijo que estos funcionarios públicos ya fueron llamados a declarar, aparte de que se procederá contra los titulares de la Secretaría de Finanzas, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía y el Consejo de Seguridad Pública, a quienes se considera responsables directos.
En 2014 el Poder Judicial de Guerrero era presidido por Lambertina Galeana Marín, el fiscal general del estado era Iñaki Blanco Cabrera, el secretario de Finanzas Jorge Salgado Leyva y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad era Porfirio Fabián Hernández Catalán.