* Así lo advirtió Manuel Olivares, del Centro ‘José María Morelos y Pavón’, quien consideró urgente que se establezcan mecanismos para atender a las familias desplazadas de sus pueblos debido a la violencia
Redacción
Además de considerar urgente que el gobierno estatal establezca mecanismos para atender a las familias desplazadas de sus pueblos debido a la violencia, el director del Centro de Derechos Humanos ‘José María Morelos y Pavón’, Manuel Olivares Hernández, reconoció que la mayoría de los llamados grupos de autodefensa o policías comunitarias que operan en Guerrero han sido infiltradas por la delincuencia organizada.
En declaraciones que hizo a diversos medios de comunicación, el activista dijo que de nada sirve la Ley 487 de Atención a Desplazados porque no está reglamentada y no hay un organismo que atienda directamente a las personas que han tenido que abandonar sus hogares en diversas regiones del estado por temor a ser víctimas de la violencia que generan los grupos delictivos.
Explicó que el desplazamiento forzado de personas es un problema que se ha intensificado en la última década, debido a la confrontación entre grupos de la delincuencia, sobre todo en los municipios de San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente; Petatlán, en Costa Grande, y Chilapa, en la Montaña baja.
Olivares Hernández se refirió a la huida de unas mil familias que abandonaron varias comunidades de Chilapa, hace un par de semanas, después de recibir amenazas de los grupos delictivos que operan en ese municipio, las cuales están privadas de sus derechos a la educación, salud, a la vivienda, debido a que el gobierno estatal no tiene un plan emergente para atenderlas.
Explicó que a pesar de que hay presencia de elementos de Ejército Mexicano y de la Policía Estatal en las comunidades de Ahuihuiyuco, Tepozcuautla y Tetitlán de Lima, no hay confianza de sus pobladores para regresar a sus casas.
Por otra parte, cuestionado sobre la conveniencia de modificar la Ley 701 para reglamentar a las policías comunitarias que operan en Guerrero, Olivares Hernández dijo que con excepción de casos específicos como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Costa Chica y la Montaña, el resto de esos grupos han sido infiltrados o están al servicio de grupos delictivos.
“Hoy se viene el proceso electoral y los candidatos van a hablar sobre regular las comunitarias y autodefensas que sí, están cayendo en las manos de la delincuencia organizada”, señaló.
Advirtió que si se modifica la Ley 701, se debe priorizar una reforma progresiva y que no limite los derechos de los pueblos indígenas, porque podrían intentar limitarse las acciones de la CRAC, aunque insistió que “hay comunitarias que han puesto en duda su legitimidad y se han corrompido con grupos delictivos, corrompiendo así sus principios y se han degradado”.