* Denunciaron que no les han pagado sus dos quincenas y ahora hasta les prohíben entrar al palacio de gobierno, a pesar de ser un edificio público
* Se quejaron porque el ombudsman Ramón Navarrete ya desentendió de su caso y ahora les da evasivas
Gilberto Guzmán
Un grupo de policías estatales que fueron despedidos por realizar un paro de labores el 29 y 30 de mayo pasados, denunciaron que a pesar de estar amparados ante instancias federales, la Secretaría de Seguridad Pública no les ha pagado dos quincenas y viáticos, y tampoco se les permite ingresar al palacio de gobierno, pese a ser una oficina pública.
En la explanada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acusaron que el titular Ramón Navarrete Magdaleno los ha abandonado en la lucha por sus derechos laborales, y por eso recurrieron a la Comisión Nacional para que les ayuden.
Los denunciantes, que no proporcionan sus nombres para evitar mayores represalias, acusaron que la Secretaría de Seguridad Pública estatal no les han dado derecho de audiencia, simplemente “nos echaron a la calle”, y por eso han acudido a juzgados federales en la lucha por sus derechos.
Leyeron un documento en el que señalan que el viernes 16 de junio, las instancias federales enviaron una notificación a las autoridades responsables para que cesen de manera inmediata los actos en contra de los policías despedidos.
Sin embargo, dijo que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública siguen cometiendo actos represivos en su contra, como el negarles la entrada a instituciones públicas y retenerles salarios, viáticos, constancias de servicio, bono del día del padre.
“La protección a nuestros derechos humanos está en los tribunales federales, los órganos federales tienen conocimiento de nuestros agravios y todos cada uno de nosotros hemos comparecido a ratificar”, indicaron.
Afirmaron que tienen confianza en que los tribunales federales van a sancionar a los funcionarios de Seguridad Pública estatal que han incurrido en injusticias en su contra.
Señalaron que están en la mejor disposición de regresar a trabajar, siempre y cuando no haya nuevas represalias y sus constancias de comisión se liberen ante juzgados federales, “no queremos perjudicar a nadie, pero no queremos ser víctimas de actos represivos por parte de nuestros mandos inmediatos”.
“El secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, el contralor del Gobierno estatal, Mario Ramos del Carmen, el Jefe de Contraloría de Seguridad Pública, el Director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, se encuentran bajo procedimiento federal y ante un órgano que procura justicia”, indicaron.
Indicaron que con gusto aceptarían una disculpa pública por parte de los funcionarios implicados en su despido, “pues nuestra dignidad, estado emocional, nuestras familias, se encuentran en estado de vulnerabilidad, por el mal actuar de estas autoridades, a quienes reclamamos nuestros derechos”.
Cuestionaron por qué se les niega la entrada a palacio de gobierno, pese a ser un edificio público e insistieron en que se agende una reunión de mediación para el análisis de su situación.
Otro de los despedidos acusó que al Secretario de Seguridad se le salió de las manos un problema que era mínimo y hoy está en tribunales federales.
“Hoy les pedimos que si nos van a atender, que nos atiendan, porque ya procedimos penalmente para estos servidores públicos por habernos atropellado, por habernos pisoteado nuestra dignidad, nuestro trabajo; no nos han depositado, nuestra quincena y nuestro viático, porque vamos a cobrar todo eso, ya estamos amparados”.
Agregó que el gobierno estatal “tuvo la oportunidad de apagar la bronca aquí, en corto”, pero se les salió de las manos, y “ahora viene el gobierno federal, los tribunales, hacia ellos, y tienen que rendir cuentas porque los policías ya están amparados”.
Agregaron que quienes se manifiestan con ello, son poco más de 200 policías despedidos, aunque la cifra total de despedidos ronda en 400 pero no todos participan en el movimiento de protesta.
En la protesta, los despedidos portaban cartulinas con mensajes en contra del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno.
“Su postura ha sido omisa, porque quedamos en volver a establecer mesas de diálogo y no ha intervenido para que se puedan realizar; para mí, que el señor está del lado del Gobierno del Estado porque no es la primera vez, sólo nos atendió una vez, y de ahí nos ha ido evadiendo, nos cita y no nos recibe, estuvimos el viernes esperando hasta las 2:30 de la tarde y el señor no se hizo presente”, explicaron.
Reiteraron que responsabilizan a las autoridades estatales de lo que les pueda pasar a los policías despedidos, a sus familias y a quienes participan en las acciones de protesta.