* Manuel Olivares, defensor de derechos humanos, dijo que a pesar de que hay policías y militares en la zona rural de ese municipio, la gente no confía en que puedan garantizarles su seguridad
JESÚS SAAVEDRA
La mayoría de las 800 familias que abandonaron sus hogares por la violencia en cinco comunidades de Chilapa no han regresado a sus pueblos, a pesar de que ya se desplegó en esa zona una Base de Operaciones Mixtas (BOM), debido a que consideran que no está garantizada su seguridad.
El director del Centro de Derechos Humanos ‘José María Morelos y Pavón’, Manuel Olivares Hernández, dijo que a pesar de que se instaló una BOM en la que hay policías estatales y militares, “la gente no confía en las autoridades, no tienen confianza y certeza que haya condiciones de seguridad para que regresen a sus comunidades”.
El activista reconoció qué hay familias que han regresado a sus comunidades, “pero es por la desesperación de no tener un sustento para sobrevivir, dejaron parcela, animales, casa y no tienen otra opción más que regresar”, consideró.
Aceptó además que en esa franja de comunidades indígenas de Chilapa hay vigilancia policial y militar, “pero también es cierto que desde antes ya estaban, pero hay una gran cantidad de desaparecidos y asesinados. La presencia militar y policiaca no garantiza la vida, la tranquilidad para las familias que fueron desplazadas por la violencia”, preciso.
Olivares Hernández añadió que además de las comunidades de Ahuihuiyuco, Tepozcuautla y Tetitlán, hay también familias desplazadas en Lodo Grande y Tepehuixco, “hablaríamos de 800 familias desplazadas en la región y las que han regresado son la minoría y no en condiciones de plena seguridad”.
Recordó que además hay comunidades de Zitlala donde también hay desplazamiento de familias, “son cientos las familias desplazadas en Chilapa y Zitlala, están esperando que regresen algunos”.
Reprochó que no haya apoyo y una estrategia clara del gobierno para atender a las familias desplazadas por la violencia, y recordó que aunque “existe la ley 487 que se encarga de prevenir y atender el desplazamiento interno en Guerrero, es una ley general que no está reglamentada para atender este tipo de problemas”.
El director de la ONG explicó que la mayoría de las familias no quiere regresar a sus hogares por temor a ser víctimas de los grupos delictivos, “además no tienen apoyo para una reubicación y asistencia social pues la gente se desespera, están viéndose obligadas a regresar, no es ni la mitad de las personas que se desplazaron las que volvieron”.
Señaló que la mayoría de las familias hicieron este desplazamiento de manera dispersa con familiares, amigos, a otros estados, “algunos incluso se fueron de jornaleros a Sinaloa, es un problema difícil porque no se retiraron de manera organizada”, de tal manera que es complicado “exigirle al gobierno que los atendiese en su condición de víctimas de desplazamiento forzado”.
Dijo que este fenómeno inició hace varios años desde el 2007 cuando empezaron los secuestros, las agresiones y el cobro de piso, “pero se agudizó en el 2015 y hoy ha encontrado con su máxima expresión el desplazamiento, hay mucho temor y terror en la gente, es bastante grave lo que sucede”.
Aceptó que no tienen un registro claro por este desplazamiento forzado, “se habla que llegaron a Chilpancingo, Iguala y Acapulco, y es difícil localizarles para tener un padrón de ellas, es una estrategia que es inherente a la forma de trabajar del Estado en contubernio con los grupos de poder fáctico como es el crimen organizado”, finalizó.