Acusan al alcalde Herón Delgado, de Iguala, de atentar contra líderes sociales.— Está por concluir Marco Leyva el Parque Ecológico Los Manantiales.— Comunitarios de Tlacotepec, embozados piden se les reconozca como policías autorizados
Enrique Vargas
Resulta muy complicado que por segunda ocasión se señale a un alcalde del municipio de Iguala como presunto responsable del asesinato de un dirigente social que lo incomodó y del atentado contra un segundo que lo culpó de la muerte de su compañero.
Se trata en este caso del presidente municipal sustituto del municipio Cuna de la Bandera Nacional, Herón Delgado Castañeda, a quien equiparan con el expresidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, acusado de asesinar al líder social Arturo Hernández Cardona, a quien le habría disparado directamente con una escopeta, además de promover el asesinato de tres normalistas y la desaparición de otros 43.
Ahora, otro grupo, semejantes al que comandaba Hernández Cardona, denominado Frente Amplio de Sociedad Igualteca y Organizaciones Sociales (FASIOS), que dirigía Eleazar Vargas Lara, fue detenido por invadir un área verde de una colonia que promueve la alcaldía, quien se enfrentó por esa razón al primer edil Herón Delgado, pero al día siguiente de que lo dejaron libre fue asesinado por un sujeto que lo buscó en su casa y le disparó hasta privarlo de la vida.
Le sucedió en el liderazgo Rubén Popoca Salgado, quien estuvo en las oficinas municipales donde hizo pintas y acusó al alcalde Herón, de haber mandado matar a su compañero, lo que ocurrió la semana pasada y ahora, unos días después, dos sicarios lo buscaron en su casa y le dispararon hasta provocarle 7 heridas de bala, que lo tienen muy grave en el hospital general de la ciudad tamarindera, donde debe ser resguardado por policías estatales o federales, no por municipales, por obvias razones.
Realmente resulta fuera de toda razón y de las peores consecuencias, que dos ediles de ese municipio marcado por el caso de los normalistas desaparecidos y de los que no se tiene hasta ahora una conclusión definitiva, sean acusados de actuar contra las organizaciones sociales que los incomodan, por el caso de Arturo Hernández Cardona, victimado por José Luis Abarca, y ahora por dos atentados, uno mortal y el otro por lesiones graves, en los que acusan alcalde Herón Delgado de ser el autor intelectual.
Sería muy grave que fuera cierto, porque mostraría que Iguala está marcada por la fatalidad y las malas, perversas y hasta homicidas tendencias de sus alcaldes.
Es difícil pensar que Herón Delgado pueda llegar a esos extremos de degradación política y personal; él debería ser el más interesado en desechar esas malas versiones y para eso tiene que reclamar una investigación a fondo que lo libere de esas acusaciones inaceptables para una autoridad municipal.
Si fuera necesario, para librarse de tan graves señalamientos, Herón Delgado debería solicitar una licencia temporal para separarse del cargo, mientras la Fiscalía del Estado hace la investigación necesaria.
Y es que no posible que un alcalde permanezca en funciones con dos acusaciones de homicidio y tentativa de homicidio.
El Congreso del Estado debería intervenir para poner orden ese municipio tan castigado por los errores y hasta malas tendencias y actitudes de sus gobernantes.
Entre dos alcaldes acusados de homicidas, aunque no hay nada probado contra Herón, destaca como un corto periodo de trabajo, tranquilidad y progreso, el del alcalde con licencia y senador en funciones, Esteban Albarrán Mendoza, y no por echarle flores, porque, además, es alérgico a las mismas.
ESTÁ POR CONCLUIR MARCO LEYVA EL PARQUE ECOLÓGICO LOS MANANTIALES.— En este terrible ambiente de inseguridad y violencia, congratula que haya quien se ocupe de crear mejores espacios de tranquilidad y diversión, como es el caso del anunciado Parque Ecológico Los Manantiales, que promueve y prepara el alcalde capitalino Marco Antonio Leyva Mena, que en breve tiempo será abierto al público, según anunció.
Los trabajos para la preparación de este nuevo centro de esparcimiento representaron una inversión de 3 millones 750 mil pesos, para lograr “un espacio sustentable de convivencia familiar”, que también tiene como propósito que sea un referente didáctico para integrar la ciudad con la naturaleza.
Se trata de un nuevo espacio público con características ecológicas, que lo hace único en su tipo para disfrute de sus visitantes y que en breve entregará el ayuntamiento en un evento de inauguración en el que estarán también las autoridades del estado.
El parque de Los Manantiales cuenta con una atractiva zona de acceso, teatro al aire libre, andadores y mobiliario ecológico, bancas, botes de basura, juegos infantiles, áreas permeables para mantener la hidratación de los mantos acuíferos, señalética, sistema de riego, 200 metros cuadrados de lagos y manantiales, y más de 5 mil metros de áreas verdes.
Eso es lo que necesita Chilpancingo, donde las áreas verdes son muy escasas y limitadas, por lo que toda acción oficial en ese sentido será de gran utilidad para el mejoramiento y modernización de la ciudad capital del estado de Guerrero.
COMUNITARIOS DE TLACOTEPEC, EMBOZADOS PIDEN SE LES RECONOZCA COMO POLICÍAS AUTORIZADOS.— Supuestamente más de 3 mil personas que se identifican como supuestos policías comunitarios se manifestaron este domingo en Tlacotepec, armados y embozados en muchos casos, para reclamar que se les dé el reconocimiento oficial como un “cuerpo policiaco al servicio de sus localidades”.
Esta manifestación envía dos señales negativas: en primer lugar, se produce uno o dos días después de que el gobernador Héctor Astudillo Flores, manifestó que después de la matanza de 7 integrantes de una familia en Cacahuatepec, entre ellos 3 mujeres, 3 menores de edad y un varón, a manos de supuestos comunitarios de la UPOEG, debe considerarse desarmar a esos grupos armados, que ya no resguardan la seguridad popular, sino que en la mayoría de los casos se han aliado a la delincuencia organizada, de la que son como el brazo social armado de los cárteles de las drogas.
En segundo lugar, se presentan armados y embozados, con lo que dejan más la impresión de ser delincuentes que policías comunitarios.
Se puede interpretar como un desafío a lo señalado por el mandatario estatal, al presentar un grupo armado de supuestamente 3 mil personas.
Es un mensaje: “¿Ya vieron cuántos somos y nos quieren desarmar?”
Eso se puede ver como un reto y una advertencia a los gobiernos, para que piensen y midan muy bien las acciones que pretendan realizar en su contra.
Es un monstruo de miles de cabezas, que indebidamente se dejó crecer en los 10 años de la década perdida y desviada en Guerrero, desde 2005 a 2015.
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