UPOEG pretende impunidad y seguir al margen de la ley.— La reforma a la Ley 701 impediría grupos disfrazados de comunitarios: RMB.— Debe la Junta de Conciliación decidir sobre la ilegalidad del paro en el ayuntamiento.— Revocar concesiones de transporte por choferes ebrios o drogados.— El PRI cuidará al máximo las candidaturas para no postular a indeseables: HHV
Enrique Vargas
La supuesta Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que manipula Bruno Plácido Valerio, muestra su actitud arbitraria y cerrada a la ley, al emitir un reto público al gobierno, al afirmar que ni los amedrenta ni les preocupa la advertencia del gobierno de que se aplicará la ley a los asesinos de 7 personas en un poblado de Cacahuatepec, mismos que el dirigente ofreció presentar ante las autoridades ministeriales, lo que hasta ahora no cumplió.
Trascendió que Bruno y otros de sus segundos se reunieron con grupos de supuestos comunitarios de la región Centro del estado, a quienes han pedido que los respalden en caso de que el Estado, con la policía estatal y la Federal, el Ejército y la Marina intenten desarmarlos, lo que aseguran no están dispuestos a permitir.
No hay duda de que las corporaciones policiacas y las fuerzas armadas pueden desarmar a esos grupos, aunque una acción firme y decidida podría generar un conflicto que es indeseable en estos momentos, por lo que debe insistirse en la aplicación de la ley, como una primera medida, sobre todo a los supuestos comunitarios que masacraron a la familia señalada y que hasta ahora son ocultados y protegidos por ese grupo de Plácido Valerio.
Puede avanzarse también, como plantea el diputado Ricardo Mejía Berdeja, en la reforma de la Ley 701, porque una vez bien definida impediría la existencia de grupos armados disfrazados de comunitarios.
Es necesario que haya una mayor presencia de las policías acreditadas, para frenar y limitar la acción de esos grupos de la UPOEG y la FUSDEG en todos los lugares donde han hecho presencia.
Debe buscarse la forma de que los grupos ilegales sigan presentándose como defensores de los pueblos y de la aplicación de la ley, porque ya está visto que nada de eso es real, de manera que al ampliar la acción de las corporaciones policiacas, se reduzca la presencia y la acción de los falsos comunitarios, convertidos en brazos de la delincuencia organizada.
Se les dejó crecer demasiado y hasta armas y vehículos se les proporcionaron, y ahora representan un serio problema para la seguridad y tranquilidad de la sociedad, mayormente en los pueblos que los soportan y que no encuentran como deshacerse de ellos, porque las amenazas y agresiones impiden que se tomen las medidas correctivas necesarias.
Sin embargo, es indispensable que se actúe contra ellos con la aplicación de la ley, porque cada vez representarán una mayor amenaza para la gobernabilidad y la tranquilidad del estado.
DEBE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN DECIDIR SOBRE LA LEGALIDAD DEL PARO EN EL AYUNTAMIENTO.— Mientras la alcaldía capitalina les hace ver que no existen posibilidades de atender su exigencia de aumento salarial del 15 por ciento, con 30 por ciento más de prestaciones, el dirigente de la Sección XXVIII, José Natividad Adame, se mantiene en una actitud intransigente de no permitir la apertura de las oficinas hasta que se les cumpla totalmente su pliego de exigencias que están fuera de la realidad.
El ayuntamiento actúa de manera responsable, hizo ver el alcalde Marco Antonio Leyva Mena, porque las finanzas del municipio les impiden ir más allá del aumento salarial del 8 por ciento con 10 por ciento más en prestaciones.
La cerrazón del intolerante dirigente sindical mantiene estancadas las negociaciones, mientras se impide el normal funcionamiento del gobierno capitalino, lo que ha impedido, entre otras cosas, que se procese el pago quincenas de todos los trabajadores, que suman 3,500, frente a los 700 que se mantienen en paro de labores.
Ante la sinrazón del mal dirigente gremial, el ayuntamiento debería acudir a la Junta de Conciliación del estado para que determine la ilegalidad del paro que mantienen, a fin de que se empiecen a aplicar las sanciones correspondientes, como descuentos salariales y hasta levantamiento de actas de abandono de empleo, para despedirlos sin responsabilidad para la comuna municipal.
REVOCAR CONCESIONES DE TRANSPORTE POR CHOFERES EBRIOS O DROGADOS.— Diputados locales plantean establecer como causa de revocación de la concesión del transporte público cuando los choferes provoquen accidentes que dejen heridos y muertos, por conducir ebrios o drogados.
La propuesta fue presentada por la Comisión de Transportes del Congreso del Estado, que coordina la diputada Flor Añorve Ocampo, con el propósito de cuidar y proteger la vida y la salud de los usuarios del transporte de pasajeros en el estado de Guerrero.
También se pide aplicar esa sanción cuando por negligencia o por hacer malos ahorros, se descuide el mantenimiento suficiente de las unidades de transporte, que dejen fallas mecánicas que deriven en accidentes que provoquen víctimas.
Será una buena decisión de los legisladores para proteger a los usuarios del transporte público en el estado, que muchas veces están condenados a sufrir el mal servicio, que resulta caro y con muchos choferes deficientes, abusivos e irresponsables.
EL PRI CUIDARÁ AL MÁXIMO LAS CANDIDATURAS PARA NO POSTULAR A INDESEABLES: HHV.— Una revisión muy especial se habrá de realizar al seleccionarse a los candidatos que competirán en el 2018 por los cargos de elección popular, para evitar que se cuelen personas con malos antecedentes o que tengan incluso nexos criminales, aseguró el dirigente estatal, Heriberto Huicochea Vázquez
Realmente es indispensable que el PRI cumpla con el mayor rigor posible en el análisis y cuidado de las candidaturas, para revisar en detalle los antecedentes de quienes buscan postularse a alguno de los muchos puestos que estarán en la contienda electoral, pues van desde las diputaciones locales, las presidencias municipales, las diputaciones federales y hasta las senadurías, tanto de propietarios como de suplentes.
Es indispensable hacerlo, porque hay que recordar que hace 3 años, cuando al frente del PRI estaba Cuauhtémoc Salgado, se les coló Saúl Beltrán Orozco, que ahora ha sido señalado de ser “El Tequilero número uno”, además de compadre de quien dirige ese grupo criminal, y hasta acusado de un par de homicidios, cometidos cuando era alcalde de San Miguel Totolapan, el pueblo dominado por la delincuencia organizada, y que hasta ahora se mantiene impune y libre, sin que la Fiscalía le eche el guante, porque la Comisión Instructora del Congreso estatal nunca lo declaró desaforado, sin la protección que tienen los legisladores, incluso a los que son delincuentes, como en este caso.
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