Violencia: ¿Y los alcaldes qué hacen?
Jesús Lépez
Al afirmar que no fue un enfrentamiento la matanza de San José Cacahuatepec, donde murieron seis personas entre ellas un bebé de cuatro meses y su madre, la Fiscalía General del Estado está obligada a proceder contra la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), cuyo dirigente Bruno Plácido Valerio no negó la autoría del crimen por parte de sus integrantes.
No bastan los llamados como el que el gobernador del estado hizo a Plácido Valerio para que entregue a los responsables, es claro que su líder los encubre, al grado que señaló a las víctimas de ser gente del líder criminal apodado ‘El Gato’ y que se trató de un enfrentamiento, sin importarle revictimizar a los muertos.
Las pruebas recabadas por la Fiscalía ya arrojaron que no hubo ningún enfrentamiento, y que quienes perdieron la vida no dispararon ninguna arma de fuego, lo cual quiere decir que se trató de una masacre, un cobarde asesinato colectivo con todas sus letras.
La Fiscalía debe proceder y detener a todos los que participaron en ese deleznable crimen y contra el dirigente de la UPOEG por encubrirlos.
Pero las acciones no deben quedar ahí, y el gobernador es consciente de ello al advertir que ya es momento de poner un hasta aquí a la UPOEG, y no sólo a esa organización, también al FUSDEG y a todos los grupos de civiles armados que con el pretexto de brindar seguridad siembran el temor entre la población y la hacen víctima de sus crímenes.
Han sido varios los casos en que han llegado a disparar también contra turistas, sin importarles el daño que causan a la sociedad y a la principal actividad económica de las que viven la mayor parte de las familias del estado.
Ese hasta aquí se debe materializar en acciones, que no solamente tienen que ver con el gobierno del estado y el federal, sino además con los municipios. En el más importante del estado estos grupos armados se han adueñado de Barra Vieja, Cacahuatepec y Xaltianguis como territorios propios, de autogobierno.
Mientras eso sucede, Acapulco cuenta con una Policía Rural integrada por apenas seis elementos, de los cuales sólo cuatro son operativos, cuando tiene más de 2 mil paseando en las calles de la zona urbana donde la seguridad está a cargo del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Estatal.
Sin embargo el alcalde Evodio Velázquez Aguirre prefiere sobrellevar el tema, argumentando que no es su responsabilidad, culpando a anteriores administraciones e incluso lastimando a la dignidad ciudadana con la desafortunada declaración de que está haciendo “maravillas” que nadie ve por ningún lado.
Los diputados federales y locales deben avanzar en temas como el Mando Único y la eliminación del fuero que propuso Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano, y dejar de dormitar y dedicarse a echar atrás iniciativas traicionando a la sociedad, como lo ha hecho el priísta verde ecologista Héctor Vicario Castrejón en el Congreso de Guerrero.
Pero sobre todo, se debe decidir no solamente el futuro de las llamadas policías comunitarias sino que el Estado en sus tres niveles (incluidos los gobiernos municipales), ya asuma sin ningún pretexto ni evasiva el control de la seguridad, sin ninguna concesión a los grupos criminales ni a las supuestas autodefensas que derivan de ello.
Cada pedazo de territorio del que se apropia un bando de criminales o una organización de supuestos comunitarios, es un pedazo menos de Estado, entendiendo que la principal razón de su existencia y organización como tal, es garantizar la seguridad a cambio de nuestros impuestos.
Federación y estado han dado muestras de querer hacerlo al intervenir en Tierra Caliente, Tierra Colorada y en Acapulco, pero los presidentes municipales deben hacer lo suyo, si sus policías no son confiables deben decirlo, asumirlo, y tomar acciones, no nadar de a muertito esperando las próximas elecciones y encima salir con declaraciones cínicas de que ha hecho maravillas, cuando es público y notorio que no han hecho nada.