* La mayoría de los habitantes de Ahuihuiyuco, Tepozcuautla y Tetitlán de Lima abandonaron sus hogares entre el miércoles y jueves por las amenazas de grupos criminales, confirma ONG
Fernando Hernández
Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de Lima, comunidades del área rural de Chilapa, se convirtieron en pueblos fantasma debido a que sus habitantes huyeron porque fueron amenazados por grupos armados en el transcurso de la semana, confirmó ayer el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón
De acuerdo con un comunicado, esa organización no gubernamental informó que este viernes realizaron visitas a esas comunidades nahuas y constataron el desplazamiento forzado de las familias que los habitaban.
“Desde el miércoles y jueves decenas de familias en grupos o de manera separada, han abandonado todo su patrimonio: casa, tierras, animales, enseres domésticos, aperos de labranza, etcétera”, luego de que fueron amenazadas por grupos delictivos.
Añade que “en nuestra visita lo que encontramos fueron centros de salud, clínicas, escuelas y casi todas las casas cerradas; lo único que encontramos abierto en las tres comunidades son las iglesias”, precisa la ONG.
Informó que en la comunidad de Tepozcuautla, de 400 familias que habitaban el lugar, en este momento solo quedan 20, mientras que en Ahuihuiyuco hay 361 viviendas, pero “casi todas las familias han abandonado la comunidad”.
En Tetitlán de las Limas “es donde más gente se ve por las calles, habitada por 105 personas en 31 viviendas pudimos notar que más personas se encontraban realizando labores en el campo”.
“Lo anterior es una muestra más de que nos encontramos ante un Estado fallido, rebasado por la corrupción que permite el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, ya que en los últimos meses en estas comunidades y sus alrededores han sido asesinados varios hombres, mujeres y niños”, indicó la ONG.
La organización denunció que es notorio el dominio de un grupo de la delincuencia organizada en esa zona, incluso, afirmó que controla la salida de las personas que hacen sus compras en la cabecera municipal, revisando a quienes viajan en las camionetas del servicio público.
Criticó que las autoridades no den la atención necesaria a las familias desplazadas y se limiten a acompañarlas en su salida de las comunidades, pero sin apoyarlas con un refugio en donde se encuentren seguras, lo que representa una violación a sus derechos humanos.