* El Centro de Derechos Humanos de la Montaña recriminó que a dos años de la ejecución extrajudicial del maestro y activista, su caso permanezca impune
ALONDRA GARCÍA
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recriminó que la ejecución extrajudicial del maestro y activista Antonio Díaz Vivar permanezca impune, al cumplirse dos años de los hechos.
Vía comunicado, Tlachinollan acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de diversas irregularidades encaminadas a mantener impune el asesinato de Díaz Vivar.
“Dicha dependencia, no sólo mantuvo estancada la indagatoria por más de un año, sino que ha invertido la carga de la prueba hacía los familiares a quienes les han exigido que ofrezcan pruebas para acreditar que fueron policías federales los que dispararon en contra del joven Ñuu Savi, omitiendo con esto su obligación de investigar”, aseveró el organismo.
Tlachinollan recordó que los familiares y abogados exigieron la agilización y ofrecieron pruebas, para que se diera pie a realizar algunas diligencias. Sin embargo, el organismo señaló que “la actitud de las autoridades se sigue viendo centrada en la criminalización de las víctimas de los hechos sucedidos en la jornada electoral del 2015”.
Con ello, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña advirtió que “no sólo se sigue atrasando la investigación”, sino que también se han dejado pendientes varias actuaciones indispensables para establecer la identidad y responsabilidad de los policías federales involucrados.
En su comunicado, Tlachinollan recordó que Díaz Vivar fue ejecutado extrajudicialmente en un contexto de “días tensos” en Guerrero y en todo el país, pues “derivado de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa varias organizaciones sociales protestaban contra las elecciones y el sistema político corrupto que había dado pie a aquellos hechos”.
El organismo señaló que en el municipio de Tlapa se desarrollaron varios movimientos sociales de protesta contra las elecciones en que se definirían gobernador, alcaldes y legisladores.
El día de la jornada electoral, indica el comunicado, “la Policía Federal recorría las calles tratando de silenciar a los inconformes, con detenciones arbitrarias, golpes y torturando a más de una persona”.
Bajo dicho escenario de represión, Tlachinollan señaló que “el pueblo vio preciso replegar a los efectivos en la capilla del Tepeyac para evitar más actos en contra de la población”.
El documento indica que posteriormente los policías federales “sin la más mínima provocación abrieron fuego, impactando con precisión milimétrica una bala en el pecho del joven Antonio”.
De acuerdo con Tlachinollan, “la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar forma parte del uso excesivo de la fuerza que realizan las autoridades en contra de las manifestaciones pacíficas de la población y se suma a otros hechos lamentables como Tanhuato, Arantepekua, Nochixtlán e Ixmiquilpan”.
El organismo destacó que la intervención que hizo la Policía Federal “incluyó el uso de armas letales para contener una manifestación pública, lo que viola flagrantemente los estándares internacionales de derechos humanos”.
Señaló que a esto se suman las irregularidades en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, el cual inició la investigación, así como de la propia PGR, que atrajo el caso.
Tlachinollan puntualizó que no sólo no se aseguró ni se recogieron adecuadamente los indicios de la escena del crimen, sino que se retardaron diligencias importantes para la investigación como la necropsia.
Asimismo, no se hizo una debida búsqueda de testigos de los hechos ni se siguieron los protocolos para la cadena de custodia, por lo que muchos casquillos percutidos que recabó el Ministerio Público local ya no aparecieron con la Procuraduría, en donde ahora el expediente se ha estancado.
Por ello, a dos años del asesinato de Díaz Vivar, Tlachinollan exigió a la PGR agilizar las investigaciones, a fin de procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz.
También demandó “investigar ampliamente a la Policía Federal y fincarle responsabilidad a los altos mandos”. Asimismo, el organismo hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que retome la queja iniciada.