* El gobernador encabezó ayer una inédita reunión en la que durante casi 3 horas tuvo un diálogo abierto, respetuoso y directo con los representantes de los medios de comunicación
* En su administración “no ha habido un solo caso o queja de que el gobernador haya limitado la libertad de expresión”, aseguró
Gilberto Guzmán / Alondra García / Fernando Hernández
Durante una inédita reunión con editores, directores, reporteros y corresponsales para dar seguimiento a la implementación del Mecanismo para la Protección a Periodistas, el gobernador Héctor Astudillo Flores presentó a Rigoberta Román Orea como su propuesta para que sea titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Periodistas, una de las medidas que se establecen en dicho mecanismo.
El mandatario estatal encabezó una reunión en Casa Guerrero, junto con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el fiscal general Xavier Olea Peláez; la secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalba, el delegado de la Secretaría de Gobernación, Ramiro Ávila, y la directora de Comunicación Social, Érika Lührs, a la que asistieron alrededor de 150 comunicadores guerrerenses, quienes coincidieron en que el gobierno estatal debe garantizar la seguridad para el libre ejercicio periodístico.
En su mensaje, el gobernador fue enfático al precisar que “quienes estamos más interesados en que ustedes cumplan con su labor de manera puntual y correcta, somos nosotros”, y recordó que en lo que va de su administración “no ha habido un solo caso o queja de que el gobernador haya limitado la libertad de expresión”.
Sobre las agresiones recientes que han sido denunciadas por periodistas, el gobernador indicó que “no quisiera que pasara esto, no me regocijo, ni me estimula, ni me siento contento de ninguna agresión a un guerrerense, mucho menos a un periodista sea hombre o mujer. Soy el más interesado en que esta circunstancia no se diera”.
En las intervenciones de los reporteros se le señaló que para la reunión del mecanismo no fueron convocados varios comunicadores, pero respondió que él mismo habló por teléfono con quienes había protestado el lunes pasado, pero al final optaron por no asistir a la reunión.
“Sus razones tienen. Yo las respeto. No estaré limitado ni indispuesto para platicar con quien se tenga que platicar. Estoy abierto, el gobernador entiende de la crítica, el gobernador entiende las posiciones de los periodistas”, insistió.
La reunión tuvo una duración de más de tres horas, durante las cuales al menos 35 comunicadores provenientes de las diferentes regiones de Guerrero expresaron abiertamente sus reclamos, propuestas y consideraciones sobre el Mecanismo de Protección a Periodistas, y coincidieron en que es necesario que las autoridades garanticen la seguridad de quienes se dedican al periodismo, porque en los últimos años han estado expuestos a violencia y atentados en contra de la labor de informar a la sociedad, sobre todo por el acoso de la delincuencia organizada, pero también de otros sectores, entre los que se ubican a los funcionarios públicos.
En la explicación por parte de las autoridades estatales, se informó que el Mecanismo de Protección a Periodistas surgió por iniciativa del gobierno federal e implica la creación de órganos de gobierno que incorporen a trabajadores de los medios de comunicación.
El gobernador dijo que es necesario que las organizaciones de periodistas incorporen a reporteros como sus representantes ante los órganos de Junta de Gobierno, Consejo Consultivo y la Unidad de Análisis de Riesgo, con el fin de que participen en las reuniones donde se dialogará sobre el mecanismo y conocer las propuestas que se van a considerar en la integración de éstos comités.
Una demanda puntual de los participantes, fue que se castigue a quienes cometan agravios contra periodistas, con el fin de que se recobre la confianza en éstos mecanismos de protección impulsados por el gobierno.
También se denunció que el ejercicio del periodismo se ha complicado en Guerrero por el asedio de los grupos criminales, sobre todo en las zonas que tienen bajo su control.
Ante el fiscal Xavier Olea Peláez, los comunicadores pidieron el esclarecimiento de los asesinatos de los compañeros Francisco Pacheco Beltrán, reportero de radio en Taxco de Alarcón, Cecilio Pineda Birto, de Ciudad Altamirano, así como el reciente atentado contra la compañera locutora Marcela de Jesús Natalia, atacada a balazos el sábado, cuando salía de las instalaciones de Radio y Televisión de Guerrero en Ometepec, cuyo estado de salud es grave.
Subrayaron que el hecho de que hasta el momento no se haya esclarecido ninguno de los ataques, fomenta la impunidad.
También se recordó el asalto que sufrió un grupo de reporteros que el 13 de mayo venían de Tierra Caliente y una célula del crimen organizado los retuvo en inmediaciones de Acapetlahuaya, en la Zona Norte de la entidad, y les robó un vehículo y sus instrumentos de trabajo.
La reportera de El Sur, Anarsis Pacheco, reprochó al gobernador Héctor Astudillo Flores la lentitud de la atención que le fue brindada a su compañera del mismo medio Brenda Escobar, quien fue amenazada de muerte hace cinco días.
“Lo más que le ofrecieron fue una llamada por teléfono y que viajara cinco horas desde Zihuatanejo, con su hijo, para asistir a esta reunión (…). Usted no hace nada”, dijo, pero el mandatario respondió que no estaba dispuesto a aceptar este señalamiento y aseguró que en todo momento él ha estado al pendiente de ese caso.
Aunque no era el motivo de la reunión, comunicadores pusieron en la mesa el manejo de los recursos del Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP), porque de acuerdo con los comentarios de varios asistentes, únicamente ha servido para enriquecer a quienes se encargan de su manejo y ha beneficiado a personas que no ejercen la actividad periodística.
El debate sobre este asunto salió a relucir en varios momentos de la reunión e incluso hubo periodistas quienes recriminaron que se discutiera sobre cuestiones financieras del FAP, en lugar de demandar seguridad para ejercer la profesión y justicia para los comunicadores asesinados.
“No se vale que nos estén matando, que nos estén amenazando, que los crímenes sigan impunes y que ustedes estén peleando por el dinero del FAP. Es vergonzoso”, dijo una reportera durante su participación al micrófono.
El mecanismo de Protección,
un esfuerzo compartido: HAF
El gobernador Héctor Astudillo explicó que el mecanismo no podrá avanzar únicamente con el esfuerzo del gobierno estatal, por lo cual destacó la importancia de que participen 4 representantes del gremio periodístico en la Junta de Gobierno y 9 en el Consejo Consultivo.
Al final de la reunión, el gobernador presentó a la abogada Rigoberta Román Orea —hasta ahora Directora de Seguimiento, Evaluación y Control de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno—, como titular de la Fiscalía Especializada en Atención a los Periodistas (FEAP), por su experiencia en materia de derechos humanos.
La implementación del Mecanismo de Protección contempla otras acciones: La Creación de una Unidad de Atención a Periodistas; la legislación para la protección de defensores de derechos humanos y comunicadores; el establecimiento de un teléfono exclusivo para la atención de ambos sectores, el cual estará enlazado a los C-4; la capacitación sobre el mecanismo internacional de protección; la elaboración de un catálogo de periodistas en riesgo y la creación de un mapa estatal de riesgo para defensores de derechos humanos y periodistas.
Se recordó que desde el 15 de diciembre de 2016, el gobierno estatal envió al Congreso del Estado una iniciativa de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por lo que se acordó que el mandatario intercederá para que sea dictaminada y votada por los diputados a la mayor brevedad.
De acuerdo con la información expuesta por el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, de 2014 a 2017 se han registrado 20 casos de periodistas en el Mecanismo Nacional de Protección.
Asimismo, indicó que se han documentado cinco casos de atención estatal de mayo a junio de este año.
La estructura del Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas que se replicará en Guerrero contempla la creación de una Junta de Gobierno, un Consejo Consultiva y una Coordinación Ejecutiva Nacional.
La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del mecanismo. Sus resoluciones serán obligatorias para autoridades federales y estatales en la ejecución de las medidas de protección.
El Consejo Consultivo será el órgano de consulta de la Junta de Gobierno, el cual se encargará de formular opiniones, emitir recomendaciones y remitir las inconformidades a la Junta de Gobierno.
La Coordinación Ejecutiva será el órgano responsable de coordinar el funcionamiento del mecanismo con los municipios y organismos autónomos.