* Salvador Rangel señaló que los tres órdenes de gobierno “deben tomar en serio” la obligación de garantizar seguridad a los ciudadanos, para que no exista la inquietud de hacer justicia por cuenta propia
Redacción
El obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, advirtió que el legitimar los asesinatos en defensa propia generaría más violencia en Guerrero.
La declaración del jerarca se da luego de que el día miércoles empresarios de la capital agrupados en la Coparmex solicitaron al Congreso local que modifique el Código Penal para ampliar el alcance de los ciudadanos sobre la legítima defensa.
Ese día, en un encuentro con el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, el dirigente de Coparmex, Adrián Alarcón Ríos, dijo que ante la violencia que se vive en Guerrero, el Congreso local debe legislar para ampliar la legítima defensa a los ciudadanos, “para que con nuestros propios medios podamos hacerle frente a la delincuencia”.
Vía telefónica, Salvador Rangel señaló que las autoridades de los tres órdenes de gobierno “deben tomar en serio” la obligación de garantizar seguridad a los ciudadanos, para que no exista la inquietud de hacer justicia por mano propia.
Advirtió que si la gente toma por su cuenta la aplicación de la justicia, “se va a generar más violencia, (porque) estamos viviendo un ambiente tan caldeado”, si se permitiera tener armas en las casas, al poderse defender mucha gente va a querer tener armas en sus casas para la legítima violencia.
Por lo cual, subrayó: “es mejor no tener armas porque consciente e inconscientemente se utiliza, y va haber más problemas”.
El prelado agregó que no se puede pensar en fomentar el armamentismo dentro de los hogares.
“Cuántos jóvenes se suicidan o cuántos niños que no saben manejar un arma ahí va a estar a la mano, y van a existir problemas también, con esta ley se va a dar pie a que muchos ciudadano se vayan armando”.
Reiteró que la violencia es resultado de la falta de oportunidades, trabajo, y educación, que son las causas que llevan a la gente a delinquir.
Sin embargo, agregó, nadie tiene derecho de quitarle la vida a una persona, porque son las autoridades quienes deben de garantizar la seguridad.