*El alcalde de Chilpancingo dijo que es necesario delimitar el margen de acción de los grupos de civiles armados que no son reconocidos como policías comunitarias por la Ley 701
Gilberto Guzmán
El alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, presentó diez propuestas en las que el Congreso del Estado podría trabajar ante el surgimiento de grupos de autodefensa en el municipio, para evitar que se registren nuevas confrontaciones con saldos de víctimas mortales.
En su conferencia de prensa de los martes, el primer edil recordó que el 13 de mayo pasado, durante un enfrentamiento entre grupos de autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo Social (FUSDEG), un estudiante universitario y un policía ministerial fueron asesinados a balazos, a pesar de que no estaban involucrados en el conflicto.
Ante esa situación, destacó que el Congreso del Estado debe trabajar en lo que le corresponde para delimitar el margen de acción de los grupos de civiles armados que no son reconocidos como policías comunitarias por la Ley 701 en materia de derechos y cultura indígena, y que surgieron con el argumento de reforzar la seguridad en sus comunidades pero el objetivo se ha desvirtuado y hoy se confrontan unos contra otros.
El primer punto que propuso Leyva Mena es el de establecer un diálogo permanente que permita llegar a acuerdos sólidos y que se respeten, para que las organizaciones contribuyan a restablecer la tranquilidad en la zona que se disputan.
El segundo punto es que se someta a los integrantes de estos grupos a un proceso de certificación por parte de las autoridades estatales, a fin de que se tenga control sobre quiénes se asumen como policías ciudadanos.
Propuso establecer la participación de las comunidades en el nombramiento de cada uno de los policías ciudadanos, para garantizar que se conozca entre la población a los civiles armados, además la verificación del calibre de las armas que esos grupos utilizan, por parte de las instituciones del Estado Mexicano, porque se ha caído en el descontrol de portar armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
La quinta propuesta es delimitar el territorio en el que podrá operar cada policía ciudadana o comunitaria, para que no se muevan de un sitio a otro sin tener autorización para ello.
En el punto seis, el alcalde dijo que se debe garantizar que los grupos de autodefensa reconozcan a las autoridades civiles, sean alcaldes o comisarios, y que nadie resulte avasallado, así como establecer la coordinación permanente entre las autodefensas y las autoridades civiles.
La propuesta ocho es asignar un pago para los integrantes de estos grupos, para que no tengan argumentos de decir que tuvieron necesidad de recibir recursos de origen ilegal, además que se comprometan al respeto irrestricto a los derechos humanos, para evitar excesos contra la sociedad o abusos contra las víctimas.
El décimo planteamiento es que se aplique una política de cero impunidad a la violencia injustificada que ejerzan dichos grupos de autodefensas.