* Caso Iguala: 30 meses después
* Vidulfo, por fin, admitió el móvil
* Retomar confesiones de sicarios
Jorge VALDEZ REYCEN
El GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se topó durante su estadía en el proceso de acopio de evidencias y testimonios sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, de un hecho crudo, revelador y lógico: el móvil del ataque la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 fue porque “Ayotzinapos interceptaron y se apoderaron de un autobús donde había un cargamento de goma de opio, en el trasiego a los Estados Unidos”, según se escribió en varias columnas de diarios y trascendidos filtrados por la propia PGR a medios de comunicación.
A 30 meses de que esa especie circuló, robustecida por declaraciones ministeriales ante la PGR y corroboradas en el juzgado donde se sigue la causa penal a los sicarios sometidos a proceso penal, por primera vez el abogado defensor de los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra, admitió que esa reiterada versión “del quinto autobús” podría ser el móvil de la desaparición de los normalistas.
De la necedad de negar las evidencias, Vidulfo transitó en largo tiempo a la admisión de esa línea de investigación como la más cercana a la “verdad jurídica” –como debió haber dicho Jesús Murillo Karam, y no la “verdad histórica”, en su “lapsus brutus”— y a la que el GIEI de la CIDH tuvo acceso en innumerables aspectos de su travesía investigativa.
Si ya se ha podido acceder al móvil de la desaparición de los 43, en base a las testimoniales y evidencias recabadas de los propios sicarios del grupo “Guerreros Unidos” y de sus cabecillas, se corrobora que ellos ordenaron la muerte de los estudiantes, cuyos cuerpos habrían sido calcinados y sus restos arrojados al río San Juan en costales y bolsas de plástico, como lo admite “El Chereje” uno de los autores materiales del Caso Iguala y que llevó a Tomás Zerón de Lucio hasta el sitio donde arrojaron las cenizas y despojos.
Todo es un rompecabezas, cuyas piezas tardaron en ir embonando poco a poco. Una línea de esa investigación apunta a dilucidar si los estudiantes sabían del cargamento o fue fortuito que robaran el autobús en la central camionera. Por ello la reacción furiosa, tremebunda y desproporcionada en contra de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes acusaron de pertenecer a una célula de “Los Rojos” que irían por “Los Tilos” a Iguala, en un ajuste de cuentas, como fue parte de esa justificación de “Guerreros Unidos” por la masacre de Los 43.
Y las llamadas telefónicas previas a la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014 podrían descartar o corroborar esto último que declaró Sidronio Casarrubias, el cabecilla del grupo delictivo, lo que aún no se revela en la investigación en proceso por parte de la PGR.
Las primeras actuaciones ministeriales que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó en los casi 19 días posteriores a la atracción del Caso Iguala, por parte de la PGR fueron el soporte de lo que hoy Vidulfo Rosales admite como móvil. Aunque Murillo Karam y su malhumor permanente lo negara, fue la FGE quien entregó una investigación sólida desde su origen, con la puesta a disposición de los elementos de la Policía Preventiva Municipal en medio de un clima de violencia que promovían familiares de uniformados detenidos. También las capturas de los sicarios que indicaron los pasos seguidos desde la tarde-noche del 26 hasta la madrugada del 27 de septiembre en contra de los normalistas.
Todas esas actuaciones ministeriales desde antes del amanecer del 27 y hasta mediados de octubre, la FGE entregó a la PGR el expediente con notables avances.
Incluso, el Caso Iguala estaba relacionado con otras investigaciones en curso de la FGE en esa región. Cosa que la PGR desestimó, no quiso ahondar ni “contaminar” lo que puede ser pieza clave en la comprensión de los hechos que se investigan.
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