* Gustavo García afirmó que no hay civiles infiltrados en la corporación y si en algún caso no se presentó una credencial, “fue por mero formulismo administrativo”
* El vocero de Seguridad, Roberto Álvarez, señaló que “20 elementos son investigados por la PGR, por los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, acopio y contra la salud”
FERNANDO HERNÁNDEZ / REDACCIÓN
Gustavo García Bello, el alcalde perredista de Zihuatanejo —municipio turístico de la Costa Grande donde a principio el Ejército Mexicano y fuerzas federales tomaron el control de la policía preventiva presuntamente por estar infiltrada por la delincuencia— declaró ayer que el temor a ser asesinado y la falta de dinero para pagar liquidaciones laborales, le impidieron despedir a los policías del municipio que reprobaron los exámenes de control y confianza.
Entrevistado por teléfono ayer por la mañana, el alcalde de Zihuatanejo rechazó que la policía de su municipio esté infiltrada por la delincuencia, y dijo que su gobierno no ha sido presionado por el crimen organizado.
De acuerdo con información de diversas agencias, Gustavo García defendió a los 60 policías que fueron detenidos por el Ejército y fuerzas federales y estatales el martes pasado, bajo la acusación de usurpar funciones y trabajar para la delincuencia organizada, de los que 40 ya están libres y 20 fueron trasladados al penal de Las Cruces en Acapulco para que un Juez de Control defina su situación legal.
El alcalde informó que su gobierno presentó todos los documentos que le fueron requeridos por las autoridades, como parte del proceso para acreditar que los detenidos son policías municipales y no integrantes de la delincuencia infiltrados en la corporación de seguridad pública.
“Lo más importante y que quede claro, todos eran servidores públicos, no teníamos registrado ahí ningún particular usurpando funciones de policías, vestidos de policías internos o armados como policías internos. Eran realmente policías preventivos, hombres con 20 y 25 años de antigüedad. Hay una nómina, hay un historial que los acredita con ese carácter”.
Sin embargo, también reconoció que en su corporación, integrada por 240 policías municipales, el 50 por ciento no aprobó los exámenes de control y confianza, aunque se trata sólo de una falta administrativa que no amerita acciones legales en contra de sus elementos.
En cuanto a los señalamientos de las autoridades estatales de que los 60 policías detenidos eran infiltrados de la delincuencia, el alcalde respondió que la acusación pudo derivarse de la negativa de los policías a ser revisados durante el operativo del martes, que generó sospechas.
Agregó que seguramente la actitud de los policías municipales fue porque recientemente fueron asesinados tres de sus compañeros que estaban desarmados —porque no acreditaron los exámenes de control y confianza—, y por ese motivo también se negaban a entregar las armas que portaban el día de la detención, que incluso derivó en una confrontación entre municipales y militares que no pasó a mayores.
“Ellos (los policías municipales) estaban enardecidos porque hace unos días privaron de la vida a tres policías, no permitían que los revisaran, no estaban disponibles para que fueron revisados, no dieron las facilidades y se dio la fricción. Yo creo que por el bien del orden público se decidió la detención”, argumentó.
No actuó por temor, argumenta alcalde
En otra entrevista, difundida en vivo por la radiodifusora Capital Máxima, el alcalde explicó por qué no se atrevió a separar de la corporación a por lo menos 60 elementos que no estaban en condiciones de seguir desempeñándose como policías.
Dijo que la tensión comenzó a generarse hace un mes, cuando personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se presentó a revisar la licencia colectiva de las armas que utiliza la corporación municipal.
Recordó que también se revisó que los elementos tuvieran aprobados los exámenes de control y confianza, y el 10 de abril el municipio recibió la observación de dar de baja al 60 por ciento de los elementos que integran la corporación, porque no aprobaron estos controles.
Gustavo García detalló que la Policía Preventiva de Zihuatanejo cuenta con 240 elementos, los mismos que recibió de la administración municipal anterior, a los que el gobierno federal desarmó por no acreditar las evaluaciones obligadas por la ley.
Aunque mediante diferentes cursos la policía recuperó el armamento, se mantuvo el problema de la no acreditación de los exámenes de control y confianza, pero además de que el Ayuntamiento no tenía dinero para dar de baja, pagar liquidaciones, a los policías que no aprobaron los exámenes, hay otras razones para no proceder en consecuencia.
“Es un grave problema para mí causar la baja de toda esta gente; primero, porque la vida del presidente corre peligro, pues se trata de elementos que nosotros no conocemos y que tienen ciertos intereses ahí en la corporación. Por eso al presidente anterior le dio temor y no los dio de baja”, explicó.
Agregó que cada elemento cuenta con derechos laborales, lo que representa pagar muchos millones de pesos, porque son más de 100 los elementos que deben dejar la corporación y se les tiene que pagar la liquidación correspondiente.
No obstante, insistió en que todos los detenidos el martes son policías, no hay civiles infiltrados y si en algún caso no se presentó una credencial, fue por mero formulismo administrativo.
Veinte son investigados por narco y delincuencia: vocero
Por su parte, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que 20 supuestos policías municipales detenidos en el operativo en el que se desarmó a la Policía de Zihuatanejo, fueron consignados por la Procuraduría General de la República (PGR), ante un juez federal, y recluidos en el penal de Las Cruces de Acapulco.
Abundó en que “los 20 detenidos eran investigados por la Procuraduría General de la República, por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, acopio y contra la salud”.
“Dichas personas permanecerán en el penal de Las Cruces a disposición del juez de Control, quien con estricto apego a la Ley y dentro del plazo legal correspondiente, determinará si los vincula a proceso o no”, precisó.
Se trata de 20 personas señaladas como presuntos integrantes de un grupo delictivo que se infiltraron “desde hace días” en la Policía de Zihuatanejo, cómo lo refirió en un comunicado emitido el 17 de mayo de 2017.
Álvarez precisó que la PGR encontró elementos para imputarles que han incurrido en el delito de delincuencia organizada, portación y acopio de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como delitos contra la salud, o sea narcotráfico.
El vocero aseguró que la Policía Federal, el Ejército, la Marina, y la Policía Estatal, han “observado” que no se incurra en violaciones en el debido proceso de las 20 personas detenidas.
“Durante el operativo conjunto del Ejército, la Marina, Policía Federal y Policía Estatal, en todo momento observaron el debido proceso, la elaboración del Informe Policial Homologado, el respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso”, anotó.