* Señalan que los actos realizados durante las movilizaciones “no pueden ser calificados como delitos” y que lo que ahora hace el gobierno es una “persecución política”
Rosario García
Egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), para revisar su situación jurídica, luego de enterarse de la reactivación de 44 órdenes de aprehensión por los delitos de obstrucción a las vías federales de comunicación, robo y daños, entre otros delitos.
El pasado 6 de mayo el profesor Crisóforo García Castro, fue detenido en Metepec, Estado de México y trasladado al penal de Chilpancingo, acusado por los delitos de robo de vehículos y ataques a las vías de comunicación, cometidos en 2007 cuando el ex alumno de Ayotzinapa participó en un movimiento para exigir el derecho a la educación.
Por esa razón, ex alumnos de Ayotzinapa solicitaron una reunión con funcionarios de la Fiscalía para revisar los expedientes de los que tenga conocimiento la instancia estatal.
Fue una comisión representativa de ex alumnos, integrada por cinco maestros, la que entró a la instancia para cuestionar en primer lugar por qué es que fueron reactivadas las órdenes de aprehensión libradas desde hace unos 10 años en contra, principalmente, de líderes estudiantiles.
Moisés González, integrante de la comisión de egresados explicó que se enteraron de la reactivación de las órdenes de aprehensión por un listado que se compartió en redes sociales sobre esos procesos jurídicos pendientes.
Mencionó que hasta este momento las autoridades estatales se han mostrado con apertura y dispuestos a apoyarlos para buscar los mecanismos necesarios para anular esas órdenes de aprehensión y no solo congelarlas.
“Se trata de limpiar los expedientes de los compañeros de cualquier proceso jurídico que se haya iniciado por el activismo ya sea en sus escuelas o en sus comunidades”, mencionó Moisés González, quien agregó que las acciones implementadas por el gobierno al reactivar las órdenes de aprehensión son más de acoso y hostigamiento político para inhibir las movilizaciones.
Por su parte, Manuel Salvador Rosas Zúñiga, quien también es dirigente de la CETEG, dijo que no pueden ser calificados como delitos los actos realizados durante las movilizaciones y que lo que ahora hace el gobierno es una “persecución política”, y agregó que habrán de pedir a las instancias correspondientes que se cierren los procesos judiciales contra normalistas y maestros. (Notymás)