* El ombudsman Ramón Navarrete advirtió que miembros del FUSDEG y UPOEG “han transitado de las escopetas” a utilizar “armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas”
* Consideró que a pesar de que “hay una fuerza desmedida” en su actuación, “la aplicación de la fuerza del Estado a secas, no sabemos qué resultados tendría”
Fernando Hernández
Además que han desvirtuado los motivos que dieron origen a las policías comunitarias que surgieron en la Costa Chica, los grupos de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) han incurrido en excesos y “han transitado de las escopetas” a utilizar “armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas”, advirtió el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno.
En declaraciones que hizo a medios después de los hechos de violencia ocurridos el fin de semana pasado en El Ocotito, que dejaron tres personas muertas, entre ellas un joven estudiante de Comunicación de la Universidad Autónoma de Guerrero, el ombudsman aceptó que esos hechos de violencia demuestran que con la actuación de ambos grupos “se desvirtúa la naturaleza por la que fueron creadas”, por lo que es necesario regular su actuación.
Añadió que “hemos atestiguado el nacimiento de las policías en esta zona del valle de El Ocotito y fueron auspiciadas por las misma ciudadanía, y en principio vimos resultados positivos, sin embargo con el transcurso del tiempo se han venido teniendo algunos conflictos entre ellos”, señaló.
Navarrete Magdaleno admitió que “se han cometido excesos por parte de las policías comunitarias” de UPOEG y FUSDEG, además que “han transitado de las escopetas con las que iniciaron, a armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Van rebasando lo permitido por la Ley y aunque hay una fuerza desmedida, la aplicación de la fuerza del Estado a secas, no sabemos qué resultados tendría”, explicó.
En ese sentido dijo que es necesario que el Congreso del Estado cree un marco normativo que regule a los grupos de civiles armados en lo referente al uso de las armas, porque “no podemos ofrecer justicia en un escenario como este”.
Cuando se le recordó que en la jornada de violencia registrada el fin de semana entre miembros del FUSDEG y UPOEG perdió la vida un estudiante de la UAGro, así como un comandante de la Policía Investigadora Ministerial (PIM), quienes nada tenía que ver en ese conflicto, Navarrete Magdaleno dijo que “ha habido una serie de decesos lamentables en esa lucha”, pero “lo que sigue sería (que las autoridades se enfrenten) con ellos, y eso sería lo que no quisiéramos”, porque “no son gentes a los que hay que notificarles que pasen a dejar sus armas al banco de armas”.
Precisó que a diferencia de la Coordinadora de Autoridades Comunitarias (CRAC), a las que en su momento se les dotó de un marco jurídico que es la Ley 701, a los grupos de civiles armados que pelean por el control del valle de El Ocotito, carecen de instrumentos legales que justifiquen sus operaciones.
“Es un fenómeno que requiere un marco jurídico para reglamentar el uso de las armas que portan y las actividades que realizan”, insistió.