* Al estar regida por la Ley 701, las actuaciones de la policía comunitaria son legales pero anticonstitucionales, y son vulnerables a la imputación de delitos penales
* Del 2005 al 2015, la guerra protagonizada por el narcotráfico y las fuerzas de Seguridad en Guerrero dejaron un saldo de 16 mil 359 víctimas
Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado aprobó en la sesión del jueves 11 de mayo una iniciativa de decreto para reformar la Constitución general de la república, con el fin de que las organizaciones de policías comunitarias sean reconocidas legalmente a nivel nacional, independientemente de las legislaciones que en la materia tengan las entidades federativas.
La iniciativa es autoría del diputado perredista Raymundo García Gutiérrez, quien ha señalado que la Policía Comunitaria, surgida hace años en la región Costa Chica y con influencia en la Montaña ha contribuido en la disminución de los delitos, pero al estar regida por la Ley 701 de reconocimiento y cultura indígenas, sus actuaciones son legales pero anticonstitucionales, y los policías comunitarios son vulnerables a la imputación de delitos penales.
Ante esa indefensión jurídica de los grupos de policías comunitarios, el diputado presentó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar los párrafos octavo y noveno del artículo 21, el inciso h) de la fracción III y adicionar las fracciones XI y XII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el subsistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y Reeducación para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de México, como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
En la argumentación de la iniciativa señala que la inseguridad pública es uno de los principales retos que enfrenta México, porque ha costado miles de vidas de mexicanos y extranjeros, además de que destruye a nuestra sociedad.
Indica que en el 2012 fueron denunciados poco más de un millón ochocientos mil delitos, de los cuales el 92.7 por ciento son del fuero común y el y 7.3 por ciento del fuero federal, según datos del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
No obstante, indicó que estas cifras, aunque altas, palidecen al compararlas con el porcentaje de cifra negra de los delitos no denunciados, que asciende a niveles del 91.6 por ciento, es decir, que el número real de delitos cometidos en México es superior a los 22 millones cada año, lo que significa que en cinco años el total de delitos fue mayor al total de los mexicanos.
Raymundo García destacó que en el actual sexenio, según cifras de CNN en asociación con la revista EXPANSIÓN, el delito de homicidio se ha incrementado y hasta el 2016, iban 20 mil 525.
Agregó que en Guerrero, de las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se concluye que la guerra protagonizada por el narcotráfico y por las fuerzas de Seguridad del Estado dejó un saldo de 16 mil 359 víctimas en el periodo del 2005 al 2015.
En el 2005, el entonces Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) registró 589 homicidios en el Estado, sin embargo, para el 2012, año en que la violencia nos desquició, reportó 2 mil 348 homicidios, es decir, un aumento del 398 por ciento en número de homicidios.
El legislador señaló que durante el primer semestre del 2016 en Guerrero aumentó la violencia, según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), que registró mil 52 homicidios dolosos, lo cual colocó a la entidad en el primer lugar nacional, seguido por el Estado de México, cuya estadística fue de mil 31 homicidios.
En el 2015 fueron 943 homicidios en el mismo periodo, 109 asesinatos menos, que en términos comparativos representa un incremento del 11.5 por ciento para el primer semestre del 2016, abundó.
En el primer semestre de 2016, se registraron 9 mil 413 homicidios dolosos en México, que representan un incremento del 15.4 por ciento con relación al primer semestre de 2015, cuando fue de 8 mil 156 casos.
Mencionó que el municipio de Acapulco mantiene desde hace tres años el índice más alto de asesinatos en Guerrero, con un promedio diario de 2.6 asesinatos en el primer semestre del 2016.
Sin embargo, resalta que a pesar del incremento en el gasto para seguridad pública, no se lograron contener los delitos y, por el contrario, aumentaron.
En Guerrero, según el presupuesto de egresos 2017, se asignó en materia de seguridad pública más de 22 millones de pesos, y a pesar de ser un gasto excesivo e irracional, no repercutió en beneficio de la sociedad.
En este contexto, García Gutiérrez destacó la operación del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitario desde hace más de 23 años, el 15 de octubre de 1995, para brindar seguridad a los pueblos porque las instituciones gubernamentales de seguridad pública, no cumplían con reducir los índices delictivos.
Dijo que en el momento actual de crisis de gobernabilidad e incremento exponencial de la inseguridad y la violencia en México, las instituciones como la policía comunitaria son vistas con gran reserva por los gobernantes, ya que por una parte evidencian la fragilidad del Estado y su legalidad, y por otra parte no se tiene la capacidad de reconocer a cabalidad los aportes de esta institución al orden social.
Raymundo García indicó que aunque la Ley 701 reconoce a la policía comunitaria en Guerrero, es insuficiente porque en otras entidades no está debidamente legislado el derecho que otorga la Constitución a los pueblos y comunidades indígenas para que puedan organizarse.
De aprobarse la iniciativa presentada por el diputado perredista, se modificarían los artículos 21 y 115 de la Constitución mexicana, para reconocer legalmente y a nivel constitucional a las organizaciones de policías comunitarias en el país.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.