* Magdalena Camacho aseguró que esto era una obligación del Congreso del Estado, pero dijo desconocer cualquier reunión con el juez federal Jacinto Figueroa, como lo informó el fiscal Olea Peláez
Fernando Hernández
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, María Magdalena Camacho Díaz, aseguró que informaron al juzgado penal con sede en Arcelia que el diputado Saúl Beltrán Orozco contaba con la garantía del fuero constitucional, por lo que no podía ser detenido hasta que la Comisión Instructora concluyera con el juicio de procedencia que inició contra el priista acusado de mandar asesinar a quien era director de Catastro de San Miguel Totolapan, José Ceferino Gil.
La diputada de Movimiento Ciudadano dijo que no tenía conocimiento de que alguno de compañeros de la legislatura se hubieran reunido con el juez federal Jacinto Figueroa Salmorán para detener la orden de aprehensión que pesa en contra de Beltrán Orozco, como lo señaló en una entrevista el fiscal general, Xavier Olea Peláez .
Indicó que lo que hizo la Mesa Directiva del Congreso del Estado fue “seguir el procedimiento, cuando el fiscal solicitó la declaratoria de procedencia, y el procedimiento era una primera instancia turnarlo a la Comisión Instructora, para que decidiera en este tema”.
Puntualizó que la Mesa Directiva comunicó al juzgado penal con sede en Arcelia que liberó la orden de aprehensión en contra del diputado priista, que cuando la Fiscalía interpuso la solicitud para desaforar a Beltrán nos enteramos de que contaba con una orden de aprehensión en su contra y “le comunicamos al juez que el diputado, era un diputado en activo” y que gozaba de la garantía de fuero constitucional.
La diputada por MC precisó que la notificación que se hizo al juzgado con sede en Arcelia fue en apego a lo que se contempla en la Ley de Responsabilidades del Estado de Guerrero, que indica que se tenía que comunicarle a la jueza que “se había tenido conocimiento de la petición de desafuero, y se le informaba que él (Saúl Beltrán) era un diputado con fuero”.
A pregunta expresa señaló que “nosotros en ningún momento le comunicamos al juez que detuviera la orden de aprehensión, lo que sí comunicamos al juez, que es a lo que nos obliga la Ley, es hacerle saber que tiene inmunidad y que para ser detenido se tenía que esperar hasta en tanto resolviera (el juicio de procedencia) la Comisión Instructora”.
Camacho Díaz manifestó que la Mesa Directiva actúo siguiendo lo que ordena el Artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
Abundó que la comunicación que establecieron con el juzgado penal con sede en Arcelia se hizo el mismo 8 de febrero del 2017, fecha en la que la FGE solicitó el desafuero de Beltrán.
Además señaló que una vez que el pleno del Congreso del Estado le concedió la licencia para separarse de su cargo, también notificaron de este trámite tanto a la Fiscalía como al Tribunal Superior de Justicia para que puedan continuar con el proceso que iniciaron en contra del priista.