* El fiscal para el caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal confirmó que están pendientes de cumplirse 7 órdenes de aprehensión, incluidos ex policías municipales y civiles
NOÉ IBAÑEZ M.
La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que ampliará la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa en más de 60 kilómetros cuadrados en los alrededores de Iguala, ya que la búsqueda anterior se limitó a un kilómetro cuadrado.
Para ello se utilizará tecnología de punta con sistema Lidar (realizadas desde el aire), explicó la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías Guerra, y el fiscal para el caso Iguala de la PGR, Alfredo Higuera Bernal, quienes confirmaron que están pendientes de cumplirse 7 órdenes de aprehensión, incluidos ex policías municipales y civiles.
En conferencia de prensa, Herrerías e Higuera afirmaron que la PGR se comprometió que a más tardar en noviembre próximo cumplir con el compromiso suscrito con los padres de los estudiantes y organizaciones sociales que los apoyan en el marco de los acuerdos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los temas pendientes que tienen que ver con las líneas de investigación y la búsqueda de los estudiantes.
Así, han insistido en que la PGR “es muy clara” en el sentido de atender todas las líneas de investigación, tanto las que estableció en su momento el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) de la CIDH, las que en su momento señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “como las que fueran necesarias en función de las indagatorias”.
Recordaron que los padres han exigido que sean investigados funcionarios federales —como Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal—, militares y policías federales, y señalaron que en su momento, la PGR dará a conocer los resultados de las investigaciones que realiza al respecto.
Además, indicaron que de ocho casos de detenidos que denunciaron que fueron torturados, en dos de éstos arrojaron resultados positivos. Sin embargo, Higuera precisó que en todo caso quedarían sin efecto las declaraciones de los quejosos, no así el resto de las indagatorias.
“La consecuencia natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad de esa declaración, no necesariamente que se deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en un caso”, dijo.
La PGR responde así a la publicación ayer lunes de un informe que denuncia anomalías “graves” en la investigación tales como torturas a los sospechosos, contradicciones en documentos firmados por peritos e investigadores e irregularidades fehacientes como la ruptura de la cadena de custodia o manipulación de escenarios de delitos.