* Son escuelas de delincuentes, con tráfico de drogas y centros operativos de este delito”, indicó el diputado Ricardo Mejía
Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado exhortó al secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, a realizar operativos en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) para verificar que los reclusos no tengan celulares, dispositivos de telecomunicación satelital, armas o instrumentos, de los cuales se valen para cometer extorsiones en contra de la ciudadanía.
Además de localizar aparatos telefónicos, que se deslinden responsabilidades y procese a los responsables penal y administrativamente conforme corresponda, indica la propuesta presentada por los diputados del Movimiento Ciudadano y leída en tribuna por el coordinador parlamentario Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado señaló que el Sistema Penitenciario mexicano se encuentra en una grave crisis de gobernabilidad, porque no cumple con la finalidad de la reinserción social.
“Las cárceles han pasado a ser una escuela de delincuentes, donde el tráfico de drogas al interior se da con frecuencia, además que el interior de estos espacios, que debieran ser de reinserción social, se han convertido también en centros operativos de la extorsión, a través de llamadas a la población para extorsionar”.
Dijo que en las cárceles no hay control sobre el uso de aparatos celulares desde el interior, y pareciera que el régimen penitenciario lo imponen los reclusos y no los custodios.
Mencionó que la ingobernabilidad en el interior de los centros de reinserción social deriva en motines con consecuencias de pérdidas humanas, como ha sucedido en diversas partes de la República Mexicana, recientemente en el penal de Topo Chico en Monterrey.
El diputado señaló que con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio la figura de Juez de Ejecución Penal debería de asumir una verdadera importancia en la reinserción social de los sentenciados, porque son quienes estarán a cargo del cumplimiento de las penas impuestas y bajo el esquema de que la pena no sólo tiene el objetivo del castigo sino también el regenerar a los delincuentes para que reingresen a la sociedad.
Agregó que es de suma importancia que dichos jueces alerten de manera oportuna sobre qué sentenciados generan peligrosidad en la sociedad carcelaria, y de esta forma se pueda desarticular prácticas ilegales al interior de las cárceles guerrerenses.
Mejía alertó que en Guerrero la extorsión es un problema que ha rebasado a las autoridades y en algunos casos con complicidad de las mismas, por lo cual es importante que se frene.
“Para nadie es un secreto que las llamadas telefónicas de extorsiones que se reciben en los hogares guerrerenses, en muchos de los casos provienen desde el interior de las cárceles, desde ahí se generan estos delitos sin que la autoridad carcelaria lo impida”, alertó el legislador.
Como medida, agregó que “las revisiones para detectar aparatos celulares deben de ser más frecuentes, no podemos seguir permitiendo que las instituciones que se crearon para corregir a los delincuentes sean verdaderas escuelas del crimen, ya basta de seguir tolerando actos de impunidad, debemos de poner un freno a la extorsión que se genera desde el interior de los penales guerrerenses”, subrayó.
La propuesta fue aprobada por unanimidad de los diputados locales como asunto de urgente y obvia resolución.