Carlos Alonso*
Los que tuvimos la oportunidad de cursar y alcanzar el título de Licenciados en Derecho en la entonces Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Guerrero, por allá a fínales del año 1969, seguramente recordaremos que la planta de catedráticos estaba integrada, nada más y nada menos que por el Lic. David Enrique Gutiérrez Ortega, José Naime Naime, Arturo Solís Pinzón, Alberto Saavedra Torija, Hugo Pérez Bautista, Eulalio Alfaro Castro y los primos hermanos Leopoldo Parra Ocampo y Miguel Ángel Parra Borbón.
Fueron maestros que con su seriedad y recia personalidad obligaban a los alumnos a estudiar de a de veras.
La mayoría de los discípulos de la excelsa planta de maestros referida en la actualidad son Jueces de Primera Instancia, Magistrados y Litigantes de Primer Nivel.
Vale recordar una recomendación perseverante del Lic. Alberto Saavedra Torija: “muchachos estudien todos los días el Código, porque les va a dar de comer a ustedes, a su mujer y a sus hijos”.
El Lic. Hugo Pérez Bautista, recién fallecido, quien fungió en periodos gubernamentales distintos, como procurador general de Justicia y presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien desde el aula y en el trabajo cotidiano, recalcaba: “Es una obligación de los servidores públicos de la Procuraduría y del Poder Judicial trabajar todos los días y sin descanso, por una buena marcha de la procuración e impartición de Justicia”.
De aquella bella época de la historia judicial guerrerense podemos citar los casos siguientes, que por la forma de su manejo y resolución, dieron brillo y buena imagen a nivel nacional e internacional, a la procuración y administración de justicia del estado de Guerrero:
Fue el homicidio del conde Cesaré d’ acquarone y la violación y homicidio de una menor de edad imputado a Alejandro Braun. Los dos casos acaecieron en el puerto de Acapulco. El primer asunto lo conoció como juez penal el Lic. Hugo Pérez Bautista y el Segundo también como juez penal el capitalino Lic. Héctor Mancilla Calvo.
Estimado lector, permítanme reseñar someramente un caso que me tocó conocer como titular del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de los Bravo, durante el periodo del entonces gobernador José Francisco Ruíz Massieu, en donde el Ministerio Público ejercitó acción penal y solicitó el libramiento de la orden de aprehensión en contra de un ciudadano común y corriente, por el delito de despojo de una parcela ejidal y del análisis correspondiente.
Mediante resolución motivada y fundamentada, de plano negué la orden de captura en más de cuatro ocasiones, en virtud a que el representante de la sociedad (Ministerio Público) no satisfacía con un requisito previo de procedencia.
Parcialmente similar al caso que enfrenta el diputado Saúl Beltrán Orozco, en el cual el Ministerio Público Investigador no tuvo el cuidado de que antes de ejercitar la acción penal correspondiente ante el juez competente, solicitara ante el H. Congreso del Estado, la suspensión de la inmunidad constitucional (antes fuero).
Debido a esa grave irregularidad, el juez o la juez de la causa, conforme a sus atribuciones jurisdiccionales, su obligación no cumplida era de negar de plano el libramiento de la orden de aprehensión.
Como no lo hizo, ahí están las funestas consecuencias.
A través de estas líneas, hago un llamado a mis colegas abogados a hacer votos y a pronunciarse para que este entuerto jurídico se resuelva con estricto apego a derecho y así restituir la buena imagen de la maltrecha procuración y administración de justicia de Guerrero.
*Abogado.