* Es inconstitucional la orden de aprehensión, alega el priísta compadre del líder criminal “El Tequilero”, quien está acusado de homicidio por la Fiscalía estatal
Gilberto Guzmán / Fernando Hernández
El diputado local priísta Saúl Beltrán Orozco, contra quien existe una orden de aprehensión por el delito de homicidio, además que se le ha documentado su compadrazgo con el líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, alias “El Tequilero”, se amparó para que el Congreso del Estado frene el procedimiento de desafuero que se inició a petición de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con un oficio que envió al Congreso y leído ayer en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el pasado 1 de febrero, el Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, solicitó al Congreso la declaración de procedencia para iniciar el procedimiento legislativo para suspenderle la inmunidad constitucional, conocida como fuero, como diputado local, con el fin de poder ejecutar la orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado.
El diputado afirma que en ningún momento ha incurrido en alguna conducta que pudiera ser relevante para el derecho penal, “mucho menos la que inconstitucionalmente se me imputa”, dijo refiriéndose a la acusación por el homicidio de José Antonio Ceferino Gil, empleado del Ayuntamiento cuando Beltrán Orozco fue alcalde de San Miguel Totolapan, en el periodo 2012-2015.
Como consecuencia, indicó, el 2 de febrero presentó demanda de amparo directo ante el Poder Judicial de la Federación con la finalidad que se le conceda el amparo y protección de la justicia de la unión, y con ello se deje insubsistente la inconstitucional orden de captura que existe en su contra.
En el oficio al que dio lectura la diputada secretaria de la Comisión Permanente, Rosana Agraz Ulloa, Beltrán Orozco explica que el juicio de amparo fue radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, bajo el número de amparo indirecto 108/2017.
El diputado recurre a supuestos para fundar su defensa, y recurriendo a los artículos 1, 8 y 20 de la Constitución federal, argumenta:
“Tomando en cuenta que la solicitud realizada por el Fiscal General es consecuencia directa y necesaria de la existencia de la orden de aprehensión de mérito acto reclamado en el juicio de amparo promovido por el suscrito, y toda vez que para el caso de no existir orden de aprehensión librada en mi contra, no existiría la solicitud de declaratoria de procedencia aludida (…) solicito se suspenda el procedimiento (de desafuero), hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías al que hice mención en párrafos anteriores”.
Les recuerda a sus compañeros que “no debe pasar desapercibido para el Honorable Congreso de la Unión, que al resolver la solicitud de declaración de procedencia, se erige como jurado y podría llegar a emitir una resolución contradictoria a la que pudiera emitir el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, al momento de resolver el Juicio de Amparo Indirecto promovido por el suscrito”.
Advierte que en caso de no suspenderse el procedimiento para resolver la declaración de procedencia, “podríamos llegar al absurdo y peligroso escenario de que al suscrito se le suspendiera la inmunidad constitucional con la que gozo como diputado local, y momentos después se resolviera por parte del Poder Judicial de la Federación el amparo promovido, declarando que efectivamente es inconstitucional la orden de aprehensión liberada en mi contra”.
El diputado solicita en su oficio al Congreso “suspender el procedimiento a realizarse con motivo de la solicitud de declaración de procedencia, efectuada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías número 108/2017, seguido ante el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Guerrero”.
El asunto fue turnado a la Comisión Instructora, en donde se analiza la petición de desafuero contra el legislador hecha por la FGE.