* El secretario de la Defensa pide reglas claras para funciones policiales del Ejército, cuando dice que los militares no estudiaron para perseguir delincuentes, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, Ricardo Mejía
Gilberto Guzmán
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Ricardo Mejía Berdeja, informó que hay alrededor de 2 mil 233 elementos policíacos de nivel estatal y municipal que han reprobado los exámenes de control y confianza, bajo sospecha de que puedan estar coludidos con la delincuencia, pero siguen en las calles representando un riesgo para la ciudadanía.
En entrevista radiofónica, se le preguntó sobre la reciente declaración del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien dijo que hace falta regular jurídicamente la presencia del Ejército en las calles, porque sus elementos no estudiaron para perseguir delincuentes y su función constitucional se está desnaturalizando.
“Es debate recurrente, porque evidentemente hay una contradicción en la Constitución política de la República, por un lado el artículo 129 constitucional señala que en tiempos de paz (el Ejército) solamente podrá dedicarse a actividades inherentes a la disciplina militar; y por otro lado, el artículo 89 fracción 6ª, que habla de las facultades del Ejecutivo federal, dice que puede auxiliarse de las fuerzas armadas para tareas de seguridad interior, sin embargo dice este mismo artículo que deberá haber una ley de la materia, y a la fecha no hay esta ley”, explicó.
“Entonces, esto ha generado un vacío legal que la Corte en alguna resolución determinó que era constitucional la participación del Ejército en tareas de seguridad pública; sin embargo, hay diferencias en la propia Constitución y esto genera falta de certeza. Entonces, lo que realmente está buscando el Secretario de la Defensa es que le den reglas claras a la actuación del Ejército, con base en la ley porque cada vez tiene más funciones en materia de seguridad pública”, agregó.
Comentó que lo deseable es que el Ejército se dedicara solamente a tareas relativas a la soberanía nacional y a ser la fuerza armada de México para cualquier riesgo en que se encuentre la soberanía, pero debido la falta de capacidad, de depuración y reconstitución de las policías estatales y municipales, y la creciente ola delictiva, ha generado que el Ejército entre a suplir las deficiencias policíacas que hay en el país.
Mejía coincidió en que los gobiernos estatales y municipales no han cumplido con la depuración y certificación de sus cuerpos policiacos, y ante el riesgo que ello representa se ha tenido que mantener al Ejército en las calles.
“El problema es que no entran a resolver el asunto, como el caso de Acapulco, donde hay 720 elementos reprobados y el Ayuntamiento no hace absolutamente nada por resolver esta situación; incluso estos elementos prestan labores como policía, son gente que no tiene la confianza, que reprobó las pruebas, que hay sospechas que muchos de ellos pueden estar coludidos con la delincuencia, y ahí están, no hace nada nadie”, expuso.
Recordó que cuando en Acapulco gobernó Luis Walton (2012-2015) se liquidaron a 413 elementos, pero la administración de Evodio Velázquez, “a todos los reprobados los volvió a mandar a la calle, ¿así cómo se va a mejorar la situación de la Policía? Si todo se arregla políticamente, las cosas nunca van a funcionar”.
Dijo que ante esta negligencia, el Ejército ha tenido que asumir funciones policíacas, porque hay un círculo vicioso, “ni mejoran las policías, ni se resuelve la inseguridad y por lo tanto el Ejército tiene que estar en las calles”.
Indicó que a pesar de la importancia del Ejército, hay casos donde se señalan irregularidades y violaciones a derechos humanos, como Tlatlaya, en el que la acusación ha sido por ejecuciones extrajudiciales, así como el Caso Iguala-Ayotzinapa, con la desaparición de los 43 normalistas, en donde se le acusa al menos por omisión al no intervenir para evitar los ataques.
“El Ejército, como cualquier institución integrada por personas no está exento de excesos, de irregularidades, de violaciones a derechos humanos; por eso se tiene no solamente que brindar un marco jurídico a su actuar, sino también regular para prevenir el abuso en el uso de la fuerza pública, eso tiene que ir de la mano, es lo deseable, no solamente dar más facultades y atribuciones sin ningún control porque esto genera que haya casos como Tlatlaya y Ayotzinapa”.
El diputado subrayó que el llamado es a que el Estado, los Ayuntamientos y la Fiscalía General trabajen en la certificación y depuración de sus cuerpos policíacos.
Explicó que de acuerdo con el dato oficial más reciente, de agosto pasado, en Guerrero hay alrededor de 2 mil 233 elementos policíacos reprobados en los exámenes de control y confianza, de los cuales la mayoría son de los Ayuntamientos, alrededor de mil 420 y de ellos la mitad son de Acapulco.
Alrededor de 500 policías son del Estado y 300 de la Fiscalía general, “evidentemente que se tiene que liquidar”.
Agregó que está proponiendo que en el Presupuesto de Egresos 2017 se cree un fondo de liquidación para poder separar de sus funciones a los elementos policíacos que no han aprobado los procesos de certificación; a este asunto ya hay que entrarle, no puede uno seguirlo postergando porque, como dice el refrán, una manzana podrida echa a perder a los demás”, precisó.