* Los policías federales que dispararon sus armas durante esa acción, siguen en la corporación sin haber enfrentado una sanción administrativa, denuncia el abogado de Tlachinollan
Alondra García
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso del desalojo a la Autopista del Sol ocurrido el 12 de diciembre de 2011, que dejó un saldo de dos normalistas de Ayotzinapa asesinados y uno más torturado, así como un empleado de la gasolinera Eva muerto como consecuencia de las quemadura que sufrió cuando intentó apagar el fuego que le habían prendido a una bomba despachadora de combustible dos encapuchados.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra –quien representa a los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014—, informó que la CIDH dio entrada al caso en julio de este año.
El objetivo, dijo, es que dicha instancia declare la responsabilidad del Estado mexicano en la violación a los derechos de libertad de expresión, protesta, vida e integridad física de los normalistas.
A cinco años de que ocurrieron esos hechos, Rosales Sierra dijo que esperan en que haya justicia para Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, los dos normalistas que fueron muertos a balazos durante el desalojo a la Autopista del Sol realizado por policías federales.
“Nosotros esperamos que se procese a todos los responsables y obviamente (el exgobernador) Ángel Aguirre Rivero es uno de los principales de ese hecho. Esperamos que sea investigado y que se pueda dilucidar la responsabilidad que haya tenido”, dijo el abogado.
Rosales Sierra recordó que varios periodistas documentaron el desalojo a la autopista con fotografías y videos en los que aparecen los rostros de varios agentes policiacos que empuñan rifles de alto poder contra los estudiantes normalistas.
Dijo que con ese material, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pudo identificar a 60 policías federales que portaron armas de alto poder durante el desalojo y por lo menos 40 de ellos las dispararon ese día.
“Están plenamente identificados, pero lamentablemente ninguno se pudo llevar a proceso. El juez respondió que no se pudo establecer si ellos dispararon a los dos estudiantes (ejecutados ese día) o si esas balas que los federales dispararon son las que impactaron materialmente en el cuerpo de los estudiantes y provocaron su fallecimiento”, expuso Rosales Sierra.
Se quejó porque actualmente esos 40 policías federales que dispararon durante el desalojo de estudiantes de la Autopista del Sol, siguen activos dentro de la corporación sin haber enfrentado siquiera una sanción administrativa.
De acuerdo con el abogado de Tlachinollan, “se enturbió el proceso de investigación”, porque “estuvo viciado de origen”.
“La escena del crimen no fue resguardada debidamente, los policías no fueron inmediatamente asegurados, ni sus armas, para evitar que evadieran la responsabilidad, y lo que vimos después fue la exoneración de los dos únicos policías ministeriales que estuvieron procesados y desde entonces no hemos visto ningún avance”, reprochó Rosales Sierra.