* El fiscal del estado criticó que el exprocurador de Justicia “venga a exigir lo que él, por su supina ignorancia en la materia de mérito, no pudo resolver” hace 5 años
Fernando Hernández
El fiscal general, Javier Olea Peláez, responsabilizó al exprocurador de Justicia, Alberto López Rosas, por haber ordenado “desde su escritorio” la agresión contra normalistas que realizaban un bloque en la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, en la cual murieron dos estudiantes en el lugar y posteriormente falleció Gonzalo Rivas Cámara, quien sufrió graves quemaduras cuando intentó apagar el fuego en una de las bombas despachadoras de combustible de la Gasolinera Eva.
En un documento que titulado “Ahora López Rosas exige públicamente lo que no pudo cumplir”, el fiscal asegura que “resulta ignominioso y lamentable que un ex procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, que durante su gestión se caracterizó por su desconocimiento absoluto del Derecho Penal, hoy venga a exigir lo que él, por su supina ignorancia en la materia de mérito, no pudo resolver”, acusa Olea Peláez en el primer párrafo.
El fiscal le recuerda a López Rosas, quien hoy es asesor del alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, que “en aquella época se ejerció acción penal en contra de diversos servidores públicos a quienes indiciariamente se les acreditaron diversos injustos penales –entre ellos al propio ex Procurador—, quien carece de altura de miras para exigir y, más aún, señalar que persiste la impunidad”.
Añade, dirigiéndose a López Rosas, que “para su conocimiento: en la actual administración de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, redoblamos esfuerzos por la Justicia, sin amiguismo, ni corrupción en el segundo piso de las oficinas de la Institución ministerial, como sí aconteció durante el período en el que usted fue Procurador General de Justicia; sino, al contrario, las averiguaciones previas y las carpetas de investigación se integran conforme a Derecho, y no como en antaño se hacía conforme a los intereses mezquinos de su titular”.
Después, Olea Peláez asegura en el comunicado “nadie protegió a elementos federales” que participaron en el desalojo del 12 de diciembre de 2011, y acusa que “la auténtica verdad es que el ex Procurador aquél día, ante su ignorancia jurídica y política, se equivocó y, con su manifestación en los medios de difusión, pretende lavarse las manos, cuando todo Guerrero sabe que desde su escritorio –porque de ahí no se movía—, ordenó la agresión a los estudiantes y, posteriormente, se empeñó, contrario a la Ley, en manipular las probanzas existentes en su contra”.
Acusa también que la justicia federal les otorgó protección mediante un amparo a los policías ministeriales inculpados de la muerte de dos normalistas, “por las deficiencias existentes en la averiguación del delito, en atención a que en ese momento, el entonces procurador estatal (López Rosas) ejerció su influencia para la deficiente integración, con independencia; y que la Procuraduría carecía de elementos que tuvieran la preparación suficiente en materia Penal y Constitucional para integrar adecuadamente las indagatorias”.
Añade que “al efecto, resulta de explorado Derecho, que en atención a que se juzgó a los servidores públicos que fueron oportunamente procesados, resulta hoy imposible volver a integrar una nueva indagatoria o carpeta de investigación por esos hechos, puesto que ello violentaría las garantías constitucionales de los gobernados, sean quienes sean, puesto que existe ya una resolución de Amparo”, dice el comunicado que distribuyó el área de Comunicación de la Fiscalía.
Finalmente, el fiscal acusa a López Rosas por la muerte de Gonzalo Rivas Cámara, quien recientemente recibió post mortem la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado, porque su muerte se debió a la irresponsabilidad de la autoridad en turno.
El documento difundido por la Fiscalía es una respuesta a la exigencia de Alberto López Rosas de que se investiguen los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, en los que murieron tres personas, porque a cinco años no han sido detenidos o enjuiciados los responsables.