*El exgobernador interino aseguró que nadie lo ha notificado sobre las observaciones por 8 mil millones de pesos que hizo la ASF al manejo de recursos públicos en la administración de Ángel Aguirre y la suya
Jesús Saavedra
A pesar de que hay un informe oficial de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con observaciones al ejercicio de recursos públicos por 8 mil millones de pesos durante la gestión de Ángel Aguirre Rivero y la suya, el exgobernador interino Rogelio Ortega Martínez indicó que no ha sido notificado formalmente al respecto, pero retó a que si “alguien metió la mano” al erario, que se proceda en su contra.
Ortega Martínez estuvo este jueves en la capital donde desayunó con su exsecretario particular en el gobierno interino, Javier Casiano Riachi, y al principio cuando se le pidió una entrevista, dijo que “un ex gobernador debe ser mesurado prudente y he decidido no dar ninguna declaración; seré mesurado y calladito, aunque me estén pegando”, indicó.
Sin embargo, cuando salió del restaurante donde desayunó, Ortega Martínez ofreció unas declaraciones a los reporteros y aseguró que “los exgobernadores tenemos que abonar a la gobernabilidad democrática que se necesita en Guerrero, ayudarle al gobernador actual para que saquemos a Guerrero del rezago, entonces lo que se diga en medios y quien acuse, tiene que demostrarlo”, precisó.
El académico universitario dijo que serán las instancias encargadas quienes investiguen si hubo o no desvíos de recursos, y retó que se comprueban irregularidades, que sancionen a los responsables.
Añadió que hasta el momento no ha sido requerido por ninguna autoridad para hacer aclaraciones o solventar las observaciones, pero que en caso de que así fuera está en la disposición de acudir a comparecer y explicar lo que se le requiera.
“La Auditoría Superior de la Federación es entonces la instancia encargada de proceder si hubo desvíos y si alguien es acreedor a una sanción, ahí está la autoridad para que se proceda”, dijo.
Añadió que la etapa que le tocó gobernar fue de “una responsabilidad muy difícil”, debido a las condiciones sociales que se vivieron tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, pero insistió en que si alguien en su gobierno “metió la pata, tiene que ser sancionado, y si alguien metió la mano, también”.