* Ordenes de aprehensión, no se negocian
* Comunitarios y cetegistas, “apanicados”
* FGE tiene la obligación legal de cumplirlas
Jorge VALDEZ REYCEN
El Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, no tiene facultad legal de negociar el cumplimiento de órdenes de aprehensión libradas por autoridades jurisdiccionales o jueces.
Cualquier intento por obligar a la FGE de no cumplimentar los mandamientos de un juez, sería tanto como la comisión de delitos contra la administración de justicia y el cese inmediato de su cargo.
Lo anterior, se desprende de las presiones que han ejercido recientemente los dirigentes radicales de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y policías comunitarios de Olinalá y Tixtla, afiliados al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), sobre quienes pesan mandamientos de jueces por diversos delitos y que la FGE no ha cumplimentado por diversas razones.
Sin asesoría legal que los oriente de que lo anterior es un paso insorteable de todo proceso de investigación que se persigue de oficio ante la recurrente comisión de ilícitos cometidos durante bloqueos, incendios, destrozos, daños cuantiosos a edificios públicos, los maestros de la CETEG han logrado la apertura de mesas de diálogo y negociación con autoridades educativas.
Y en esa ruta, de manera sesgada y torcida a los preceptos legales, pretenden que sean canceladas las órdenes de aprehensión en contra de quienes incurrieron en dichos delitos graves. Nada más apartado de la Ley, es la pretensión de los delincuentes cuyo estatus legal es uno: son prófugos de la justicia.
Xavier Olea Peláez no podría eludir su responsabilidad moral y ética de perseguir a quienes incurren en la comisión de un delito y procurar justicia, así como la reparación íntegra de los daños causados. Esa es la letra y espíritu de la Ley. Contravenir a estos preceptos, sería incurrir en actos presumibles de ilícitos que el Código Penal sanciona a los servidores públicos.
Tampoco un juez que emitió una orden de captura puede dejarla sin efecto, negociar o cancelar, so pena de incurrir en delito.
Estos aparentemente insignificantes detalles de un proceso penal abierto y en curso son los que maestros de la CETEG y la CRAC pretenden echar abajo y llevarse de ribete a servidores públicos que sean sorprendidos intentando torcer la ley.
La asesoría legal que deben contratar, con urgencia, deberá sugerir a quienes tienen mandamientos judiciales presentarse ante los jueces voluntariamente y someterse a proceso. Es decir, responder a las acusaciones en su contra y si no hubiere elementos de juicio podrían ser exonerados por dicha autoridad jurisdiccional. Ese es el camino correcto.
Pero sí, en cambio, resultaran culpables de los ilícitos que se les imputan, deberán purgar condenas y resarcir el daño provocado. Algunos podrían enfrentar los procesos en libertad bajo caución, pero otros no por la gravedad del delito.
Lo que puede ser novedoso y hasta bien visto por la sociedad, es que aquellos que tengan órdenes de aprehensión se presenten voluntariamente a los juzgados a dar la cara. Sería un factor a su favor, que el juez necesariamente tomaría en cuenta para otorgar libertades bajo fianza o hasta imponer penas mínimas, en la interpretación de la Ley.
Esa sería la ruta idónea para distender conflictos legales, que se tornan en sociales. Este cambio de visión, daría pauta al Estado para reencauzar lo que la ausencia de oficio político y desconocimiento de leyes provocó actos de barbarie, zozobra y crispación.
Sería un primer paso a la reconciliación anhelada.
Nos leemos… SIN MEDIAS TINTAS.