Tribulaciones de exgobernadores
Felipe Victoria
Hace dos años, para estas fechas, el entonces todavía gobernador Ángel Aguirre Rivero ya traía la lumbre en los aparejos, como consecuencia de lo sucedido a vándalos normalistas de Ayotzinapa en Iguala y Cocula, la noche del 26 al 27 de septiembre, que por robarse un autobús con valiosísima carga de drogas opiáceas fueron escarmentados y, según versión oficial de la PGR, torturados, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula, tirando las cenizas al río para desaparecer evidencias.
Desde la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong ordenó que no dejaran escapar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa.
Pero esa noche de farra y de infamia nadie ataba cabos y otros daban órdenes tremendas en ausencia del jefazo, en tanto “El Patrón” de la región disponía la venganza.
Había quedado al descubierto el sencillito sistema de traficar opiáceos en autobuses de pasajeros desde Iguala hasta Chicago y eso era imperdonable, aunque “la merca” fue recuperada a sangre y fuego por los policías municipales al servicio de los Guerreros Unidos.
La alta burocracia y el séquito perverso organizaron una búsqueda casa por casa en Iguala de los truhanes desaparecidos, hasta ofreciendo recompensa por ellos, pero dejaron ir a la pareja imperial de Iguala.
La oportunidad genial para los enemigos del presidente Peña Nieto y del propio Aguirre Rivero para tumbarlo del cargo como gobernador, se dio por fin con una estupenda bandera de lucha explotada como para cine de terror: encontrar con vida a desaparecidos por la fuerza. El escándalo se hizo internacional en un santiamén.
No importaba quien dejó a los internos de la Normal salir de la escuela a deshoras y la conducta extraña de corporaciones de seguridad, era una afrenta entre carteles: el de Tixtla y el de Iguala.
En Guerrero podía hablarse de casi todo, menos del secreto a voces del tráfico con derivados de la amapola, negociazo inimaginable para muchos potentados apadrinadores de traficantes que la DEA traía entre ceja y ceja.
La cuenta regresiva para que Aguirre Rivero tuviera que pedir licencia era mecha encendida, así que alguien tuvo la ocurrencia de preparar la retirada al estilo de Nerón cuando quemó Roma.
Había que desaparecer toda huella financiera de manejos indebidos y entonces descuidaron el Palacio de Gobierno, en Chilpancingo, para que vándalos encapuchados incendiaran el edificio de la Secretaría de Finanzas y Administración la tarde del 13 de octubre de 2014.
Aguirre se tuvo que ir para ya no poder regresar.
Pero no era todo, había un plan con maña para que el rector Saldaña se convirtiera en candidato independiente boicoteando las elecciones de junio de 2015; colocaron de gobernador interino al sociólogo y exguerrillero Rogelio Salvador Ortega Martínez, que como chivo en cristalería desgobernó Guerrero con los de su gavilla voraz.
Nunca antes, como ocurrió en esos meses, se toleró la ingobernabilidad y las fechorías de maestros disidentes y normalistas.
Cometió Rogelio Ortega el error de ir en julio del año pasado ante el Senado a denunciar un déficit de 13 mil millones de pesos, pidiendo que de una vez recibiera el mando Héctor Astudillo, cosa imposible legalmente y tuvo que continuar otros tres meses hasta octubre, resultando que el faltante aumentó en 5 mil quinientos y tantos millones de pesos más.
Vaya situación caótica en que Héctor Astudillo Flores asumiría el mando estatal el 27 de octubre de 2015, en un estado en llamas y quebrado financieramente.
Lo primero que reveló Héctor Apreza Patrón al inicio de la administración de Héctor Astudillo fue ese gran desfalco, pero habría que esperar auditorías y chequeos de la Contraloría y el empeño de Mario Ramos del Carmen para que el Congreso pida juicio político contra Rogelio Ortega, y el Fiscal General Xavier Olea ejerza la acción penal, si es que hay suficiente voluntad política de romper el círculo vicioso de la impunidad tradicional en Guerrero, donde urge una fiscalía anticorrupción.
Los honorables legisladores ¿están dispuestos a trabajar con celeridad revisando el asunto para ver si procede o no un juicio político contra Rogelio Salvador Ortega Martínez? Si de veras desvió recursos en beneficio propio y de su camarilla, ¿los harán devolver el dinero por lo menos?
Ya es tiempo de cambiar de costumbres y dejar de tolerar y disimular la impunidad, aunque la cadena de complicidades sea enorme.
-¡Tilin, tilín!- Suena la campanita escolar.
-Maestra Pizarrina, ¿usted cree que nos toque ver cómo son esos juicios políticos contra altos funcionarios?
-Tengo mis dudas chamacos, en algunos estados ha ocurrido pero en Guerrero muy pocas veces. De tarea me lo averiguan.
-No la amuele profesora, ¿qué culpa tenemos nosotros?
-Ninguna, pero ya es hora de que aprendan a exigir justicia sin hacer desmadres callejeros ni quemando edificios o bloqueando avenidas.
-¿Entonces les caemos a los diputados para que cumplan con su deber?
-¡Shhh… cábrense cayones!