* Arzobispo Garfias, abogado del diablo
* Fiscal le responde: La ley no se negocia
* Delincuencia busca suplantar al Estado
Jorge VALDEZ REYCEN
Bien pudo ser una pincelada de ingenuidad o candor, la de monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco, pedir en su homilía dominical que haya una tregua por la paz y se sienten a pactar gobernantes con delincuentes, con el muy mal ejemplo de lo que ocurrió en Colombia con las FARC y el gobierno.
La respuesta rápida fue del fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, quien recordó al prelado de la Iglesia Católica que en el marco de la justicia que rige la vida en este país la Ley no se negocia y menos con quienes han cometido en este año más de mil 900 homicidios dolosos y siembran el terror con actos irracionales de violencia.
Garfias Merlos no puede argumentar un razonamiento de fe, de piedad y misericordia, frente al imperio de la Ley que representan las instituciones públicas gubernamentales y que son a las que han desafiado estos grupos y bandas delincuenciales que se disputan ferozmente zonas de cultivo, trasiego y venta de estupefacientes, cuyo saldo es terrible y sobrecogedor en todos los sentidos.
Hace un par de meses otra voz del alto clero católico, la de Salvador Rangel, obispo de Chilpancingo-Chilapa, se pronunció en el mismo sentido de pactar acuerdos o treguas con grupos criminales. No hubo respuesta, porque de suyo no es procedente desde ningún término legal, desde las esferas de gobierno, atender peticiones de obispos y arzobispos. Se trata de exabruptos, punto.
Asumirse como intermediarios entre gobernantes y delincuentes, es tanto como hacerle al abogado del Diablo y en nada respetar el marco regulatorio de leyes. Proclamar un perdón a quienes privan de la vida con inusitada crueldad de desmembrar cuerpos, tirarlos a la vía pública y tachonear una cartulina donde amenazan que eso les va a pasar a sus enemigos, no es algo lúcido. Es aberrante, contra sensu a la ley.
Quizá el nivel de sadismo alcanzado por exterminadores haya tocado las fibras más sensibles del arzobispo Garfias, por ende su dislate. Quizá la crueldad de victimarios contra de sacerdotes y párrocos de Michoacán y Veracruz haya sido motivo de condena y desesperación de los prelados, que claman un milagro por la paz. Quizá el hartazgo de ver tanta violencia interminable y no resignarse.
Monseñor Garfias Merlos no puede soslayar que bandas y grupos delincuenciales pretenden asumirse por la fuerza de sus fusiles y argumentos violentos como dueños de plazas e imponer condiciones tributarias, o lo que llaman “cobro de piso” a todo aquel que desarrolle un negocio, empresa, comercio, inclusive las limosnas que ingresan a iglesias. Es la intención de suplantar al gobierno, en resumidas cuentas. Eso es extorsión y es delito grave de alto impacto.
Cientos de negocios han cerrado por el miedo, amenazas y extorsiones. El comercio organizado languidece en su crisis. El informal florece con patrocinios que todos saben de quiénes son. Mercados, plazoletas, calles, banquetas, estacionamientos y cualquier reducto de la vía pública es territorio vedado para la autoridad formal. Es un código de silencios y complicidades que desde el Arzobispado no alcanzan a percibir, ni a entender a cabalidad.
Sin que sepan el tamaño de las consecuencias de un clima de zozobra, éxodo de familias que abandonan propiedades, de sepultar la economía turística y comercial, los grupos criminales no tendrán futuro y se auto extinguirán.
¿A quién extorsionarán?
Cuando se hayan ido los porteños y los turistas no vengan, entonces se mirarán unos a otros… los que sobrevivan a esta demencial cruzada… y se preguntarán:
–¿Y ora… tú? ¿Pos’qué hicimos?
Nos leemos… SIN MEDIAS TINTAS.