* El dirigente del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, convoca a foro sobre desaparecidos
Gilberto Guzmán
El Director del Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Manuel Olivares Hernández, informó que el lunes se realizará en el Congreso del Estado un foro sobre desaparición de personas, con el fin de sensibilizar a la población en general sobre este tema, toda vez que no entienden la gravedad del fenómeno hasta que sucede una desaparición en sus familias.
Expuso que a partir del 28 de junio pasado debió comenzar a funcionar la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas en el Estado de Guerrero, pero no hay noticias al respecto.
Comentó que hay organizaciones como Ciencia Forense Ciudadana, que maneja un registro de alrededor de 500 casos de desapariciones con número de averiguación previa, fotos, datos que han logrado documentar, aunque la cifra es mayor por los casos que no se denuncian.
En entrevista radiofónica, convocó a la ciudadanía en general a participar en el Foro estatal “Entre el dolor y la esperanza, por la presentación con vida de los desaparecidos”, que se realizará el lunes en el Congreso del Estado, en el marco del Día Internacional del Detenido-Desaparecido, que se conmemora el 30 de agosto.
La intención, dijo, es que la gente conozca la problemática social de las desapariciones de personas y “empiece a acompañar esta lucha, ya que en estos momentos nadie está exento de sufrir en algún familiar o de manera directa, en lo personal, un evento de esta naturaleza”.
“Queremos decir que en Guerrero son prácticamente miles los desaparecidos, aunque los que se encuentren reconocidos o registrados a través de una denuncia ante las instancias correspondientes, no representa el número exacto de desaparecidos que hay”, indicó.
En este tema, explicó que hay un esfuerzo de varios colectivos de familiares organizados, como las Familias de Acapulco en busca de sus desaparecidos A.C., Ciencia Forense Ciudadana, así como los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014, la asociación civil Siempre Vivos de Chilapa de Álvarez.
Estas asociaciones, indicó, son respaldadas por organismos civiles de derechos humanos, como el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad que les brinda acompañamiento sicológico, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”.
“Es un esfuerzo conjunto, prácticamente, mediante el cual se está convocando a este foro, el día 29 de agosto; para el día 30, vamos a realizar una marcha de El Caballito al Palacio de Gobierno, igualmente para seguir exigiendo que el Gobierno pudiera implementar políticas públicas tanto preventivas, como que las diferentes instituciones o instancias encargadas de este tema, puedan funcionar como tal”, mencionó.
Expuso que “a partir del 28 de junio debió comenzar a funcionar la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas en el Estado de Guerrero, pero no vemos que sea así, además de que para que funcione una instancia que se dedique a investigar y a localizar personas desaparecidas, necesita contar primero con autonomía, pero para que tenga autonomía necesita los recursos económicos, materiales y humanos suficientes para poder hacer su trabajo”.
Por el contrario, dijo que mientras esa Fiscalía especial dependa de la Fiscalía General del Estado, o de otras autoridades, prácticamente el trabajo que realice no dará los resultados que los familiares de los desaparecidos esperan.
Olivares destacó que hay organizaciones que se han dedicado a documentar los casos de desaparición forzada, como Ciencia Forense Ciudadana, que maneja un registro de alrededor de 500 casos con número de averiguación previa, fotos, datos que han logrado documentar.
Sin embargo, Olivares dijo que también es una realidad que la mayoría de los familiares que han sufrido la desaparición de algún integrante de su familia, por miedo o desconfianza en las autoridades no presentan una denuncia.
“Entonces, esperamos que con este inicio de actividades, este esfuerzo de unidad entre los diferentes colectivos de familiares de personas desaparecidas, se acerquen quienes hayan sido víctimas de la desaparición forzada de sus familiares y se puedan presentar las denuncias correspondientes, además de contar con estadísticas actualizadas”.
Comentó que hay muchas denuncias por desaparición de personas que se presentan ante la Fiscalía General del Estado, otras ante la Procuraduría General de la República y otras ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, por lo cual es importante señalar que para las organizaciones todas las desapariciones tienen el mismo valor.
“Aunque hay casos en que se trata de diferenciar entre una desaparición forzada, donde participan agentes del Estado, con anuencia o por acción y omisión, y las desapariciones que muchos consideran del orden común, entre civiles, pero para nosotros finalmente la desaparición de cualquier persona, tiene en el fondo la responsabilidad del Estado mexicano”.
“El Estado mexicano porque no ha sido capaz de garantizarnos el derecho a la vida, el derecho a nuestra integridad física y no han implementado políticas públicas, que brinden oportunidades a los jóvenes, principalmente, educativas, de trabajo con un salario digno que no los orille a incorporarse a veces a la delincuencia organizada”, señaló.
El defensor de derechos humanos consideró que la población en general se muestra insensible ante las desapariciones de personas, “hasta que le sucede un caso a ellos, entonces sí se dan cuenta de que no es cierto que todos los desaparecidos lo fueron porque en algo andaban o alguna participación tenían en la delincuencia organizada”.
Manuel Olivares agregó que los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala de la Independencia –que hoy cumplen dos años-, fueron el detonante para volver la mirada al fenómeno de los desaparecidos, a raíz de la represión contra los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de sus compañeros.
“Ese lamentable hecho de Iguala, vino a destapar prácticamente todo un problema, una violación a los derechos humanos, que el Gobierno había intentado mantener invisibilizado, pues sobre el dolor de las mamás y los papás hoy se han generado dos cosas: que la comunidad internacional esté muy pendiente de lo que pasa en México en el tema de la desaparición forzada, y el otro es que exista hoy un creciente movimiento de exigencia por la presentación con vida de los desaparecidos”.