Isidro Bautista
La actuación del gobierno federal adoptada con el caso de Puerto Vallarta, Jalisco, en el que —ahora se sabe— dos hijos de Joaquín Guzmán Loera El Chapo Guzmán fueron privados de la libertad, ha sido percibida como indignante, en particular en Guerrero, justo cuando el mayor reclamo social es acabar ya con el crimen organizado como la peor pesadilla.
¿Cómo es posible que la PGR, Marina y Ejército hayan sido desplazados para dar con el paradero de los vástagos del capo?
¿Cómo es posible que la PGR haya recurrido a su facultad de atracción, si —hasta donde se informó oficialmente— nunca hubo denuncia ante el Ministerio Público?
Suelen decir las autoridades: es que no podemos actuar si no hay denuncia, tratándose de secuestro. Y normalmente, en Guerrero y resto del país los secuestros no son denunciados.
En su boletín, de fecha jueves pasado, la dependencia afirmó: Una vez revisada la carpeta de investigación, iniciada por la Fiscalía jalisciense, la Procuraduría General de la República a través de la SEIDO, determinó el día de ayer miércoles, ejercer la facultad de atracción de la investigación.
¿Cómo le habrá hecho la fiscalía de aquel estado para disponer de una carpeta de investigación, si ningún familiar de los desaparecidos acudió a la autoridad?
Oficialmente se llegó a manejar el caso incluso como secuestro; es decir, concediéndoles a ambos hijos la calidad de víctimas, ya no como al principio, en el que el propio fiscal de aquella entidad se atrevió a señalar como “levantón”.
El mismo día lunes antepasado, en que ocurrieron los hechos, todos los periódicos, en sus portales de internet, los ventilaron como un levantón. Milenio: Levantados en Vallarta son del Cártel de Sinaloa, asegura fiscal. Ya en la nota el diario añadió: En conferencia de prensa, (Eduardo) Almaguer (el fiscal) había dicho que había presunción clara de que se trataba de un grupo delictivo, no de turistas o de ciudadanos. “Son personas vinculadas con un grupo delictivo, lo podemos presumir de manera clara”, abundó el funcionario.
Horas después, al corroborar que entre esas personas “vinculadas con un grupo delictivo” estaban los hijos del capo del Cártel de Sinaloa, las autoridades se pusieron como si fueran tapete, a buscarlos por cielo, mar y tierra, cuando hay miles de “levantados” que ni la PGR, Marina ni Ejército han rastreado para regresarlos a casa.
Está el caso de Iguala, con los normalistas de Ayotzinapa, en que los militares, según se ha informado oficialmente, nunca salieron de sus cuarteles.
Puede uno pensar en que El Chapo Guzmán tiene mando en el gobierno. ¿Cuántos capos o capitos (hijos) no han sido levantados, y la autoridad se queda cruzada de brazos, con la mentalidad de dejar que entre las mismas bandas del crimen organizado se maten?
Por eso mismo, no hay confianza en el gobierno, en los políticos y en los partidos.
Carlos Loret de Mola, en su columna de ayer de El Universal, reveló: Un enviado desde el alto nivel de la administración federal conversó con El Chapo para ofrecerle que presentara una denuncia ante el Ministerio Público; que le podían llevar hasta el penal a quien le recogiera su declaración; que les dijera de quién sospechaba, dónde creía que podían estar sus hijos, cualquier pista que contribuyera a dar con el paradero de los jóvenes. El capo se negó, agradeció, y no dijo una palabra más sobre el asunto. Esto me lo relataron —afirmó el periodista— fuentes de alto nivel del gabinete de seguridad
Como parece, los hijos ya están en casa. Su padre, después de las horas en que — como refirió el mismo periodista— “estaba inusualmente nervioso, se movía de un lado a otro, se tocaba la boca, se frotaba la cara, se apretaba los labios, y miraba a un lado y a otro”, duerme otra vez tranquilo, por haber resuelto el problema, de la manera en que quiso.
Mientras, en Guerrero cayeron tres policías del gobierno de Héctor Astudillo en cumplimiento del deber. Y el de Peña Nieto acaba de darse el lujo de quitarle a los federales de Iguala. ¿Será lo mismo con o sin ellos?
isidro_bautista@hotmail.com