Un comando armado asesinó balazos a unos esposos en la comunidad de Yoloxóchitl, municipio de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica.
Según versiones de los pobladores de esa población, fueron policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), pertenecientes a la Casa de Justicia de El Tamarindo, los que cometieron el doble homicidio.
Según esta versión, los ‘autodefensas’ irrumpieron en la vivienda de los esposos Joaquín Sotero Mateo, de 47 años de edad, y Prudencia García Federico, de 45 años, con la intensión de detenerlos ya que supuestamente contaban con una orden de aprehensión.
Pero como el matrimonio ser negó, los ‘policías’ les dispararon casi a quemarropa, matando e inmediato a Sotero Mateo y dejando gravemente lesionada a la mujer. Ante esto, los comunitarios se dieron a la fuga con rumbo desconocido.
Si bien los pobladores intentaron trasladar a la mujer al Hospital Básico de San Luis Acatlán, en el trayecto dejó de existir.
Indignados por este incidente, alrededor de 300 habitantes de esa comunidad se manifestaron las calles principales de esta cabecera municipal, mostrando su repudio contra la CRAC, acusándolos de ser unos asesinos y feministas, según las cartulinas que portaban.
Después acudieron a las oficinas de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común para interponer una denuncia por este doble homicidio, en contra de quien resulte responsable.
Sin embargo, al lugar se presentaron los ‘autodefensas’, los cuales encañonaron a los manifestantes, impidiéndoles el acceso.
Pero la oportuna intervención del comisario Virginio Ricardo Severiano fue de gran ayuda, porque pidió que bajaran sus armas, pues los pobladores sólo querían platicar con los coordinadores para pedirles una explicación de lo sucedido.
Minutos más tarde se presentó la dirigente de “Casa Cami” y las de la Casa de La Mujer Indígena, Valladolid Ventura y Apolonia Plácido Valerio, respectivamente.
Por otro lado, en el lugar de los hechos se encontraron diferentes casquillos percutidos de calibre 20 milímetros, utilizadas en escopetas y fusiles de caza, mientras que los cuerpos de las víctimas fueron entregados a autoridades con la finalidad de realizarles la necropsia que marca la ley.