Isidro Bautista
¿Por qué no pensar en la posibilidad de tomar el caso de la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez, para al menos apaciguar el hartazgo de la gente provocado ante tanta corrupción, no precisamente encarcelándola, de tal manera que las palabras de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción no parezcan un slogan?
El presidente Enrique Peña Nieto, hoy otra vez a la caída; primero, con la mansión de la Casa Blanca, valuada entonces en más de 86 millones de pesos, y ahora con un departamento de lujo localizado en Miami, propiedad, según el diario The Guardian, de un contratista del gobierno de su esposo.
Obviamente la primera dama y el gobierno de su esposo rechazan la versión del periódico inglés, pero nadie les cree, porque la sociedad en lo que menos cree es en los políticos y los partidos.
La vapuleada que tuvo el PRI en las elecciones más recientes, como ya se ha asegurado, se debió, en mucho, a la actuación observada en sus gobiernos, como el de Veracruz.
El Programa de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción creado por la administración de Peña Nieto, y llevado a los estados del país, choca con situaciones como el del departamento de Miami, a tal extremo que la ciudadanía parece verlo como una simple frase publicitaria.
La señora Felícitas Muñiz es acusada de posibles malos manejos financieros. Tiene en contra al síndico Benito Sánchez Ayala, del PRI; la regidora de Salud, Edelmira del Moral Miranda, del mismo partido; la regidora de Educación, María del Rosario López García, del PRD, y el regidor de Comercio y Abasto Popular, Humberto Palacios Celino, de Nueva Alianza.
El Congreso local tiene en sus manos la demanda de revocación de mandato, presentada por ellos mismos.
Ayer fue aprehendido Crisóforo Nava Barrios, principal acusador de la alcaldesa. Ya está en prisión, al parecer por otro delito no relacionado con los hechos del domingo pasado suscitados en la cabecera municipal.
Ojalá que así también se proceda pronto contra ella. Hay un reclamo de rendición de cuentas. Por muy revoltosos o chantajistas que pudieran ser considerados, tienen el derecho a que los legisladores les den respuesta —pronta y expedita.
Si la presidenta municipal ha incurrido en irregularidades, que se proceda, y si no, también. El problema estaría en el hecho de que resultara inocente de lo imputado, porque casi no se cree en la autoridad, y menos cuando salen al paso para decir lo mismo que la primera dama del país o el vocero del gobierno de ésta.
Por eso mismo, si la señora la debe, que la pague, así se haya robado sólo un peso. Hay quienes se preguntan, por ejemplo, que cómo es posible que haya adquirido una camioneta de lujo, en su momento, como la que le incendiaron el domingo, con el sueldo de presidenta de un municipio tan pobre como el que por segunda vez gobierna.
Apenas sus mismos acusadores pidieron que si el gobierno “va a aplicar la ley contra quienes se movilizaron el domingo en Apango”, primero que actúe legalmente contra ella, por sus probables actos de corrupción, desvío de recursos y hasta nepotismo.
De entrada en Felícitas Muñiz hay un viso de autoritarismo, al no pagar salarios a los ediles que tiene en contra.
Hoy la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción debe pasar del dicho al hecho. Que se comience con este caso, y que siga con todos los que lo ameriten. Enrique Ochoa, al asumir la dirigencia del PRI, se pronunció a favor de actuar contra los malos gobernantes. Que empiece en casa.
López Obrador prometió hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, y no cumplió en el plazo que él mismo se fijó.
Los jerarcas del PAN, PRD y PRI ya lo hicieron. En Guerrero Héctor Astudillo lo hizo desde su condición de candidato a gobernador. El presidente de Morena sigue en el misterio. isidro_bautista@hotmail.com