Isidro Bautista
La comparecencia del fiscal general y del secretario de Seguridad Pública del estado, Javier Olea Peláez y Pedro Almazán Cervantes, respectivamente, así como del secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Daniel Pano Cruz, trascendió más por las revelaciones de falta de recursos que por los resultados alcanzados contra la violencia o la inseguridad.
Pareciera entonces que no hay congruencia en los hechos con los dichos del gobierno federal por cuanto al apoyo otorgado a Guerrero ante el crimen organizado.
En una acción que llevó a la detención de dos presuntos asesinos del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, la Procuraduría de Justicia de Michoacán participó con 65 vehículos nuevos y seis helicópteros propios, y la Fiscalía General de Guerrero, con 45 camionetas casi chatarras, confesó el titular de ésta, Olea Peláez.
Almazán Cervantes expuso que con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el año pasado le fueron asignados a este estado 105.5 millones de pesos, pero para 2016 lo redujeron a 105.2. El subsidio para la policía acreditable en 2015 fue de 29 millones de pesos, y para el actual ejercicio fiscal, de plano, ya no recibió ese apoyo, agregó.
Dijo que para 2016 la dependencia a su cargo tuvo un presupuesto de 427.4 millones de pesos, lo que significó un incremento de apenas el 5 por ciento en comparación con el de 2015. De dicha cifra, abundó, el 75 por ciento se destina al pago de salarios y prestaciones sociales, el 20 por ciento a gastos operativos (combustible, alimentación, traslados), y el 5 por ciento restante a gastos administrativos.
Sólo que ahora —se supone— el combustible, alimentación y traslados de los policías tiene que alcanzar ante las movilizaciones del magisterio disidente y de decenas y decenas de otras organizaciones sociales.
El mismo titular de la SSP lo admitió: “con estas limitaciones, los avances logrados por el gobierno del estado en fortalecimiento institucional policial han sido imperceptibles”.
Prueba de ello —señaló— es que desde hace un año y ocho meses, el estado de fuerza de la policía estatal no ha podido crecer, y tampoco se han separado del cargo a los elementos que no cumplen los requisitos de permanencia, ni mucho menos se ha podido adquirir equipo especializado ni infraestructura.
Pano Cruz confesó que de los 10 mil 467 elementos (4 mil 139 preventivos estatales, 4 mil 972 municipales y mil 356 ministeriales) se han evaluado 9 mil 860, de los que 7 mil 224 aprobaron, 2 mil 233 no aprobaron, 403 se encuentran en proceso de dictamen, 607 no han sido evaluados y a 2 mil 46 se les ha vencido su vigencia.
Pareció hasta triste la comparecencia ante la sociedad en general, por las carencias que presentan.
Estadísticas y más estadísticas. Faltó la relatoría de las acciones contundentes. ¿En qué consistirán ahora los operativos de seguridad? Y ¿los puestos de control o corredores seguros?, ¿los objetivos prioritarios o blancos específicos?
Siempre ha de ser necesario el hecho de redefinir rutas críticas y contar con diagnósticos. La estrategia nacional para prevenir y sancionar el secuestro ha sido modificada de diez años a la fecha.
Si no se replica la unidad modelo que existe en Chilpancingo y, por el contrario, se debilita; ha de ser obvio pensar que se incrementará la comisión de dicho ilícito.
¿Cómo fortalecer a las instituciones?
Faltó abordar lo ocurrido con los asuntos que inciden en la opinión pública y que trascienden el interés de la entidad federativa.
Habrá que meterse más profesionalmente en los juicios orales. Ello seguramente incide en el número de detenciones, ya que se ha de tener temor de realizarlas, por desconocimiento de las reglas del nuevo sistema, el cual es extremadamente garantista.
No puede trabajarse con menos de 500 ministeriales, cuando la mitad está reprobada por control de confianza.
Debe capacitarse a lo que queda de las policías municipales en tanto se resuelve la discusión sobre la implementación del mando único o mando mixto.
Olea, Almazán y Pano están parados donde nadie quiere estarlo.
Se requiere más que palabras, hechos del gobierno federal, traducidos en apoyo material, en algo palpable, máxime cuando se observa en Héctor Astudillo a un gobernador que no soslaya, desde el día en que tomó posesión del cargo, el problema de la inseguridad, al que no ha dejado de considerar como el número uno en Guerrero, ya de por sí golpeado por la pobreza y los rezagos. isidro_bautista@hotmail.com