* El fiscal, el secretario de Seguridad Pública y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública comparecieron ayer ante diputados de tres comisiones del Congreso del Estado
Fernando Hernández
El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez; el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz, coincidieron en explicar que en buena medida, la escalada de violencia que se vive en Guerrero se debe a la falta de recursos financieros y humanos.
Este martes, los tres de los funcionarios más importantes que integran el gabinete de seguridad acudieron al Congreso del Estado donde se reunieron con los diputados que integran las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y de Gobierno del Poder Legislativo.
Desde el mes de marzo, el diputado local perredista Sebastián de la Rosa Peláez había solicitado al pleno del Congreso del Estado su aval para llamar a los responsables de la seguridad a nivel estatal a fin de que explicaran a los legisladores las acciones y la estrategia en materia de seguridad. La iniciativa original fue modificada y se excluyó de la lista al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
Las comparecencias dieron inició alrededor de las 9:00 horas, en la sala José Francisco Ruiz Massieu y en primer lugar el secretario Pedro Almazán enfatizó en que es imposible alcanzar las metas en materia de seguridad hasta en tanto no se cuente con más recursos para la dependencia.
“Con toda honestidad, estamos al 30 por ciento de nuestra capacidad operativa, quise hacer una medición basándonos en los factores que nos darían” el 100 por ciento de la efectividad, y “todo parte de la falta de recursos para enfrentar las deficiencias que tenemos” en lo que se refiere a equipos, número de elementos, certificación y capacitación policial, estrategias tácticas y capital humano, acotó el funcionario.
Añadió que en Guerrero “estamos a un 30 por ciento de la capacidad de respuesta las instituciones de seguridad pública en el estado” y consideró que mientras no tengan un incremento presupuestal, no será posible alcanzar el 100 por ciento de la operatividad de las corporaciones de seguridad.
Aseguró que la falta de presupuesto deriva en que el gabinete de seguridad responda sólo con estrategias de contención de la violencia.
Almazán Cervantes indicó que si bien en Guerrero no se está combatiendo a la delincuencia, sí se ha estado conteniendo sus embates, tanto de la organizada y la común.
Dijo además que han logrado mantener un clima de gobernabilidad en el estado frente a las protestas posteriores a los hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre del 2014, que derivaron en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como las que se han registrado en contra de la Reforma Educativa por parte de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero.
En su oportunidad, Pano Cruz aseguró que la federación destinó a Guerrero, a través del Programa Nacional para Prevención Social de la Violencia, 149.3 millones de pesos, de los cuáles alrededor de 73.8 millones de pesos están destinados a acciones para el puerto de Acapulco; 23 millones para Chilpancingo; para Chilapa 16.4 millones; en tanto que para Zihuatanejo se asignaron 15.2 millones de pesos a Iguala 14.1 millones, y al municipio de Cocula 4.4 millones de pesos. Explicó que se trata de recursos destinados a la prevención de la violencia, con acciones de recuperación de espacios públicos y talleres encaminados al rescate del tejido social en las ciudades más violentas del estado.
Sobre la distribución de los fondos de aportaciones en materia de seguridad, dio que estos suman 289 millones de pesos para el estado de Guerrero.
La bolsa de recursos se está repartida de la siguiente forma: Para el desarrollo de capacidades en las instituciones locales para la prevención de la delincuencia con participación ciudadana “hay 5.7 millones de pesos”, en tanto que para el desarrollo y participación y certificación policial fueron designados 64. 2 millones de pesos; para tecnologías e infraestructura se cuenta con 104.3 millones de pesos, y para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio fueron enviadas a las arcas de Guerrero 54 millones de pesos, explicó el funcionario estatal.
Puntualizó que en lo relativo a las acciones para fortalecer el sistema penitenciario en la entidad, para este año se tienen programados a ejercer por lo menos 21 millones de pesos; para el desarrollo de las ciencias forenses de la Fiscalía General del Estado, 14.5 millones de pesos, para alimentar el Sistema Nacional de Información se asignaron 15.7 millones de pesos; 4.8 millones de pesos para la atención de centros de llamadas de emergencias, y para el fortalecimiento de capacidades para la prevención de delitos de alto impacto 4 millones de pesos.
“De esta forma se distribuyen los fondos federales, que ejercen las operadoras en materia de seguridad pública del gobierno estatal, que son la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, y el Tribunal Superior de Justicia”, precisó Pano Cruz.
Recordó que en abril de este año, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, instaló en Guerrero la Comisión Intersecretarial contra la Violencia y la Delincuencia, en la que participan nueve dependencias del Ejecutivo federal para focalizar las acciones encaminadas a trabajar en polígonos de alta incidencia delictiva en el puerto de Acapulco.
“Se trabaja de manera focalizada en los núcleos poblacionales que registran alta incidencia delictiva, se identifican a las familias en circunstancia de riesgo, se identifican a los centros escolares que están en condiciones de riesgo y que ponen en riesgo en funcionamiento de los planteles”, entre otras estrategias.
En su turno, el fiscal Xavier Olea respondió a una pregunta del diputado por MC, Silvano Blanco Deaquino quien le preguntó sobre su estado de salud.
“Estoy en mi segunda juventud”, respondió de inmediato, para enseguida señalar que “con toda sinceridad les diría: ya me cansé, ahí muere. Más vale ser honesto. Pero estoy muy contento en Guerrero”, precisó.
Se quejó de que al asumir el cargo como fiscal recibió la mayor parte del parque vehicular de la dependencia “chatarrizado”, y ejemplificó en las diligencias que se han llevado a cabo derivadas del asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, los agentes Michoacán emplearon 65 camionetas equipadas y cinco helicópteros de la Procuraduría del estado, mientras que los ministeriales de Guerrero llegaron en 45 vehículos chatarra, de los cuáles cinco quedaron descompuestas en la zona.
“Todo al final del día nos va a llevar al tema del presupuesto. Se necesita inteligencia, agentes preparados, pero no comen aire, estoy convenciendo a Finanzas para tener equipos de tecnologías”, señaló.
Olea Peláez dijo que “hice un operativo muy difícil en contra de El Tequilero –un capo que opera en la Tierra Caliente—. No tuve éxito. No tengo el equipo e inteligencia para saber (donde se esconde), pero sintió nuestra presencia, y de 17 secuestrados que sospechábamos que tenía, en realidad tenía 25, esa operación fue un éxito al 70 por ciento”.
Expresó que Guerrero se ha convertido en el centro clave de elaboración de heroína que se envía principalmente a los Estados Unidos.
Sobre quienes exigen la presentación con vida de unas 60 personas desaparecidas en Chilapa, el fiscal dijo que “unos están desaparecidos”, otros están con los grupos delictivos, y otros más en cárceles de otros estados. “Chilapa es el centro en la distribución de heroína, la heroína de Guerrero, tiene amplia demanda porque no se inyecta, se fuma”.