* Ante el aumento de la violencia, en Guerrero ya nadie tiene segura la vida, lamentó el presidente del Colegio de Abogados, Alberto Aparicio Navarro
ANA LILIA TORRES
ACAPULCO.— El presidente del Colegio de Abogados “Ignacio Manuel Altamirano”, Alberto Aparicio Navarro manifestó que ante el aumento de la violencia, en Guerrero ya nadie tiene segura la vida y pidió a los funcionarios encargados de la seguridad pública y procuración de justicia, que si no pueden con el cargo, mejor que renuncien.
El representante de juristas señaló que hasta ahora las estrategias de prevención y combate contra la delincuencia organizada, que han aplicado los tres órdenes de gobierno, han demostrado que son un fracaso.
Con relación al crimen del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, ocurrido después de denunciar que sufrió amenazas del crimen organizado, señaló que este caso demuestra que hasta las mismas autoridades están en peligro de ser víctimas de este flagelo, que tiene completamente rebasados a los gobiernos.
“Ante la delincuencia organizada en estos momentos nadie tiene asegurada la vida, porque está comprobado de que ésta ha rebasado por completo a las autoridades, tanto a nivel estatal y federal”, expresó.
Aparicio Navarro señaló que la sociedad está indefensa ante la delincuencia organizada, debido a que todas las estrategias de seguridad han fallado y esto también incluye al gobierno federal, ya que a pesar de que sus fuerzas han brindado apoyo a Guerrero, todos los días hay extorsiones, secuestros y asesinatos.
“Las autoridades estatales y federales han sido tolerantes al no actuar con mano dura contra éste flagelo, que estamos seguros tiene de rodillas a las autoridades encargadas de administrar y procurar justicia”, indicó el dirigente de abogados.
Consideró que es claro que el apoyo del gobierno federal a Guerrero en materia de seguridad, no ha dado resultados, porque en los delitos graves que comete la delincuencia, siempre se solicita que los atraiga el gobierno federal y no se ve ningún avance en la disminución de estos ilícitos.
“También constantemente se está solicitando la intervención del Ejército,la Marina y la PGR, pero hasta ahora, las estrategias que se han implementado no han dado buenos resultados”, añadió el jurista.
Ante esta situación, dijo que sólo queda exigir al gobierno municipal estatal y federal que si los funcionarios encargados de la seguridad pública y procuración de justicia no pueden con el cargo, mejor que renuncien.
“Que dejen el cargo, porque la sociedad ya no quiere vivir en el pánico que ha sembrado la delincuencia organizada”, puntualizó.