* Sin embargo, de acuerdo con documentos oficiales en poder de “El Sol de Chilpancingo”, Alfredo Fernández Peri, quien era delegado en 2015, no entregó la documentación a la Auditoría Superior de la Federación
Fernando Hernández
La adquisición de terrenos para edificar casas para los damnificados por las lluvias provocadas por la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid”, en la que supuestamente la Auditoría Superior de la Federación detectó que habría un daño patrimonial y por la cual hizo observaciones, no fue realizada por la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de Guerrero, si no desde las oficinas centrales de esa dependencia en la Ciudad de México, cuando era titular el ahora diputado federal Jorge Carlos Ramírez Marín.
Además, de acuerdo con documentación oficial que obra en manos de este reportero, contrario a lo que observó la ASF sobre la compra de terrenos, sí existen avalúos oficiales de varios terrenos por un monto de 8 millones 612 mil 651 pesos, pero estos no fueron entregados en 2015 por la Delegación de la Sedatu en Guerrero, cuando se los requirió el órgano auditor federal.
Se trata de certificados del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) en los que se da cuenta por las valoraciones que se hicieron sobre cinco terrenos que fueron comprados a una empresa para construir y reubicar a damnificados de Acapulco, cuyas casas fueron arrasadas por los fenómenos meteorológicos que azotaron el estado en septiembre del año 2013.
Este medio informativo tuvo acceso, con fundamento al Artículo Sexto constitucional y la Ley General de Transparencia, a versiones públicas de los avalúos que de cinco terrenos que representan una superficie por 10 mil 976.737 metros cuadrados.
Quien era responsable de entregar esa información a la ADF era el entonces delegado de la Sedatu en Guerrero, Alfredo Fernández Peri, quien fue designado en su puesto por el entonces secretario, Jorge Carlos Ramírez Marín, hoy vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados y representante de este partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
Y es que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe de la Cuenta Pública del 2014 observó irregularidades en el proceso de adquisición de 22 terrenos para reubicar a los damnificados por la tormenta que ascienden a poco más de 11 millones de pesos.
De acuerdo con información oficial los terrenos para reubicar a los damnificados fueron comprados mediante adjudicaciones directas a través del Programa de Obligaciones Jurídicas Ineludibles, que fue fueron operados desde las oficinas centrales de la Sedatu, y el monto total designado para las adquisiciones ascendió a 92 millones 531 mil 403.83 pesos, revelan los documentos.