FELIPE VICTORIA

 

“Calma chicha” precede a tormentas

 

Agradable reunión el sábado con miembros del Colegio de Abogados de Guerrero A. C, “Ignacio Manuel Altamirano” que presiden los juristas Alberto Aparicio Navarro y José Luis García Damián, donde fui invitado por el Dr. Oscar Ortiz Rodríguez.

Iniciando recordamos con cariño al maestro Don Manuel Añorve López, en vida asiduo concurrente a las sesiones grupales, de quien tanto aprendimos muchos como abogado singular que dominó las áreas de la investigación de delitos y persecución de delincuentes procurando justicia y, también la administró como honesto e inflexible juez cuarto penal insobornable, además de impartir cátedra muchos años.

Debiera haber en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero alguna sala de juicios en su honor; quede como propuesta para el magistrado presidente Robespierre Robles Hurtado.

En fin que como dice el dicho… “entre abogados te veas” y les platiqué del periodismo como coadyuvante en la búsqueda de justicia; noté que no esperaban la crudeza con que abordé casos muy específicos que afectaron la vida nacional en su época, como que el periodista más leído y temido en el gobierno del presidente Miguel de Lamadrid Hurtado, hubiera sido asesinado por pretender chantajearlo en contubernio con un corresponsal extranjero, hecho sobre el cual nació mi primera novelita policiaca en junio de 1988.

Por supuesto que fue un crimen político, en que utilizaron tácticas dilatorias para encubrir coautores intelectuales hasta que terminara el sexenio, pero llegando a la Procuraduría del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga sí se actuó con firmeza consignando a Zorrilla Pérez y varios de los que participaron, en junio de 1989.

Lo grave para la justicia mexicana es que durante cada periodo presidencial se repitan casos proditorios, que por angas o por mangas quedan sin resolver.

Ni qué decir de cuando dos dinastías políticas íntimamente ligadas, que se creyeron dueñas del feudo guerrerense hicieron de las suyas, cayendo un Cardenal en 1993, un candidato presidencial y un exgobernador en 1994, y desde entonces se cierne un malfario en el sureño estado de los demonios sueltos, que ahora se disfrazan de vándalos cetegistas y ponen de cabeza la gobernabilidad, igual que en Chiapas y Oaxaca.

Prudencia silente de los abogados ahí reunidos, pues el gremio suele ayudarse a veces en sus litigios de periodistas, para presionar de algún modo y consideran útil que se metan de investigadores buscando justicia y publicando, pero ahí es donde les comenté que en los medios mexicanos no hay presupuesto de las empresas editoriales para esos menesteres, siendo necesario el apoyo solidario a los periodistas, que no los mantiene la Divina Providencia ni deben correr riesgos ajenos por simple gusto porque no sería justo.

Los periodistas no son héroes justicieros ni humildes franciscanos, sino humanos con necesidades y un trabajo diferente pero apasionante, en el que a veces les quitan la vida y después nadie investiga nada.

Por supuesto que el rictus facial de algunos colegiados se endureció cuando abiertamente critiqué la equívoca postura oficial de un alto funcionario  encargado de la procuración de justicia, excusándose de no cumplimentar órdenes de aprehensión contra líderes magisteriales implicados en vandalismo disque por “prudencia política”, lo que en mis años trabajando en el Ministerio Público calificábamos de falta de huevos y complicidad.

Esos dos factores están muy presentes en la situación nacional que atraviesa México, con tres o cuatro estados en rebelión de grupos gremiales y organizaciones civiles encaprichadas en sacar  sangre de las piedras y chantajear a gobiernos estatales para estarse en paz y no vandalizar.

Nociva confusión entre el derecho a la libre manifestación y reunión manifestando inconformidades y el libertinaje impune saboteando poblaciones y caminos, con la excusa de respetar derechos humanos de quienes actúan como delincuentes aplicando infames tácticas de guerrilla urbana.

Según el encargado de la seguridad interna del país y la gobernabilidad, “ya se está acabando el tiempo de tolerancia” a quienes no han querido entender que antes está la obligación de respetar los derechos de terceros y, así no les dejará de otra que las fuerzas públicas actúen.

Todo esto tras una cadena de tibiezas equívocas que permitió que el conflicto creciera y las llamas se extendieran; para colmo mientras tanto siguió el saqueo de recursos en contubernio que se ha dado entre sindicatos, organizaciones y funcionarios que diezman los apoyos oficiales, razón por la que se escudan en esa “prudencia política” para no proceder contra malandrines que abrirían la boca delatando a sus cómplices.

Sí señores, el tiempo ya se acabó, pero el de la paciencia ciudadana indignada ante autoridades que no supieron imponer el orden ni la paz pública, que creyeron que con discursitos ante acarreados lograrían milagros.

El clima político de Chiapas y Oaxaca está que arde y en Guerrero y Michoacán el calor aumenta, aunque disfrutemos de una especie de “calma chicha”, pero que precede a las tormentas.

Los del pueblo espantado de a pie no comprendemos por qué la tardanza aquí para poner a disposición de jueces penales a una  docena de líderes magisteriales plenamente identificados; ¿creen que en cuanto comience el periodo vacacional escolar en automático cesarán marchas y plantones, o ya no tomarán casetas de peaje?