* El IECAN y el fraude de 63 mdp
* Desde 2009 está el litigio judicial
* Abandonado, en obra negra está
Jorge Valdez
En julio del 2013, la entonces Procuraduría (ahora Fiscalía) General del Estado (PGJE) solicitó y obtuvo del juez noveno de primera instancia en materia penal del Distrito Judicial de Tabares (Acapulco), el auto de formal prisión contra de José Pedro Anguiano Hernández y co-acusados por fraude específico de 63 millones 628 mil pesos, en agravio del Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega”.
Fue la última vez que se supo, de manera oficial, el estado legal y jurídico que se tiene, de una obra que lleva varios años abandonada a su suerte, sin que nadie informe o vea en qué condiciones se encuentra.
Como parte de las evidencias que constan en la causa penal instruida contra el procesado Anguiano Hernández –que estaba internado en el Centro Regional de Readaptación Social de Las Cruces—, con fecha 17 de julio del 2009 el IECAN depositó a la cuenta bancaria de la empresa “Desarrollo y Aplicación de Ingeniería, S.A. de C.V.” la cantidad de 15 millones 345 mil 679 pesos e hizo otro más el 22 de enero del 2010 por 25 millones 709 mil 144 pesos, cuyo responsable el indiciado José Pedro Anguiano Hernández y co-acusados no aplicaron en su totalidad.
El Ministerio Público adscrito al Juzgado Noveno Penal acreditó fehacientemente los cargos de fraude específico, al demostrar que el imputado y otros utilizaron facturas apócrifas tratando de engañar al Instituto de Cancerología, usando materiales aparentemente originales en las estructuras del inmueble en construcción, lo que devino por su negligencia, dolo y falta de profesionalismo que generara un perjuicio económico al referido centro médico especializado en combatir el cáncer.
La PGJE entonces, a través de la Dirección General de Control de Procesos Penales, fue notificada por el órgano jurisdiccional del auto de formal prisión dictado en contra de José Pedro Anguiano Hernández, a quien se le impuso el pago de 100 mil pesos por concepto de garantía procesal y la cantidad de 63 millones 628 mil 262 pesos por la reparación del daño en agravio de la institución de salud pública, sin que a la fecha haya depositado dichos pagos.
Todo quedó en el limbo. Nada se ha sabido. Lo cierto es que la obra permanece abandonada, a medio terminar como parte de este escandaloso fraude cometido, durante el gobierno del zeferinato. Ni la Secretaría de la Contraloría General, ni la Auditoría Superior de la Federación, ni nadie han señalado qué se debe hacer al respecto de este caso, que parece estar en el olvido.
La memoria periodística rescata que no se trató de una cifra ridícula, pero más allá del daño patrimonial a la institución, es el quebranto para el sitio donde se combate el cáncer y que tiene una finalidad de alto contenido social.
El criminal proceder de quienes están o estuvieron en prisión es lo condenable. La autoridad dejó en manos de las instituciones encargadas de procurar justicia un caso más, que se empolva con el tiempo. Nadie ha dicho nada, ni tampoco se han documentado los seguimientos, en torno a la sentencia (si la hubo), ni la FGE ha dado a conocer las condiciones jurídicas, dado que se trata de su competencia velar por los intereses de la sociedad, como representante social.
Específicamente es más oportuno trabajar en el enorme rezago jurídico de casos, expedientes y carpetas ministeriales que en ofrecer declaraciones desafortunadas sobre incompetencia o temores para cumplir y hacer cumplir con la ley.
Nos leemos mañana… SIN MEDIAS TINTAS.