Héctor Astudillo sí respeta la libre opinión
Felipe Victoria
Pertinente marcar la enorme diferencia que existe entre grupos organizados para protestar y vociferar alegando agravios a la libertad de expresión de comunicadores, en las calles y el Internet con el fin de presionar como avispas a las autoridades para ver qué consiguen.
Otra cosa es la tesonera labor de verdaderos periodistas que trascienden por lo que dicen, escriben y publican en medios impresos, sin andar dando tantos brincos en el suelo tan parejo.
Digan lo que digan, la aguerrida Carmen Aristegui sigue dando la batalla aunque la empresa que la encumbró por alguna razón la quitara de la marquesina; ella en el sexenio de 1982 a 1988, hubiera pasado a la lista de difuntos célebres como Manuel Buendía Tellezgirón y Carlos Loret de Mola Mediz.
A Enrique Peña Nieto lo pueden acusar de muchas cosas, menos de represor del periodismo. En Guerrero basta con escuchar algunos programas por la radio para darse cuenta que Héctor Astudillo Flores es tolerante y respetuoso de la libertad de presión y la de prensa; que algunos altos funcionarios y alcaldes torpes pierdan los estribos a veces, es otra cosa.
Pongo de ejemplo lo escuchado en Chilpancingo a través de Radio Capital Noticias el jueves 16 junio 2016 con el editorial de Jorge Romero Rendón, del que les comparto fragmentos:
“Ayer, el secretario de Educación Pública federal, Aurelio Nuño Mayer anunció la aplicación de auditorías a las nóminas de maestros en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, por la sospecha fundada de que existen irregularidades no reportadas por los gobiernos estatales, y que están provocando dificultades en la aplicación de las sanciones anunciadas contra quienes han abandonado las aulas por mantenerse en las protestas infundadas de la CNTE y la CETEG.
En el caso de Guerrero, la medida tuvo eco en voz del diputado local Víctor Manuel Martínez Toledo, presidente de la Comisión de Educación del Congreso local, quien exigió públicamente que esa auditoría incluya también una investigación sobre la actuación del secretario de Educación Guerrero, José Luis González de la Vega, por diversas denuncias del magisterio sobre posibles malos manejos y corrupción en su administración.
El tema es complejo y se politiza. Primero, porque el conflicto creado por la CETEG en Guerrero no es un asunto que se vaya a resolver aquí en el estado, dado que los cetegistas sólo responden a las órdenes que les dan sus dirigentes de la CNTE a nivel nacional, en su empeño de recuperar los privilegios y el poder que les ha arrebatado la Secretaría de Educación Pública federal, dado que el rechazo a la Reforma Educativa es sólo un pretexto de pantalla.
Sin embargo, existe la fundada sospecha de que en Guerrero la SEG está aplicando una táctica de simulación para evitar que se apliquen con toda su fuerza las medidas ordenadas por el gobierno federal para meter al orden a la CNTE-CETEG.
Porque mire, parece cosa de burla, pero a los anuncios hechos por De la Vega de aplicar descuentos y cesar a trabajadores que abandonen su trabajo por participar en las agresivas protestas cetegistas, resulta que la propia CETEG reportó que sólo le aplicaron descuentos a ocho maestros en Iguala y a dos de Acapulco, de hasta 2 mil pesos, por haber abandonado las aulas, lo que contrasta con el hecho de que en las marchas participan miles de cetegistas y cachirules, y que en su versión oficial, se habla de que están en paro 700 escuelas, principalmente en Acapulco y Chilpancingo.
En esa evidente simulación destaca el hecho de que las oficinas del ex INEBAN en Chilpancingo están cerradas desde octubre del 2014, con el pretexto de la protesta por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, que ejemplifica la manera inútil en que el movimiento de la CETEG cierra oficinas por los puros calzones de dirigentes como Antonia Morales, sin que haya sanciones, y sin que se considere retirar incluso el bloqueo que mantienen de avenidas importantes por ya casi un año, afectando a la ciudadanía.
Y el colmo es que ante tanta huevonería promovida por los líderes disidentes, la SEG le continúa pagando como comisionados de manera ilegal a más de 300 dirigentes y delegados sindicales de la CETEG, a pesar de que la ley lo prohíbe.
Por lo que sí es necesaria la auditoría anunciada por la SEP para terminar con la corrupción generada por los acuerdos secretos entre autoridades educativas de Guerrero y los dirigentes de la CETEG”.
Desde que un “viernes santo” 7 de abril del 2007, asesinaron al reportero Amado Ramírez Dillanes saliendo de su programa en Radiorama, en pleno centro de Acapulco por confundirlo con Misael Habana, muchos que acostumbran colaborar en programas radiofónicos optaron por hacerlo vía telefónica, sin que esto los exente de amenazas y represalias a veces.
Por eso insisto en la enorme diferencia de hacer periodismo valiente de veras o utilizarlo de fachada para el chantajismo ramplón en montón; ese le molesta a todos los gobernantes, pero el esfuerzo auténtico y veraz como sea sí lo respetan y se aguantan a las críticas.