* El delegado de esa dependencia federal, José Manuel Armenta, ofreció disculpas a los afectados por el retraso en la entrega de sus viviendas, pero justificó que la culpa es de las constructoras

 

GILBERTO GUZMÁN / REDACCIÓN

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, aseguró que unas 15 empresas han incumplido con las obras de reconstrucción que se les han asignado, generando retrasos en la aplicación del programa “Plan Nuevo Guerrero”, que comenzó a aplicarse a raíz de la contingencia provocada por las tormentas ‘Manuel’ e ‘Ingrid’ en septiembre del 2013.

En una gira realizada en los municipios de Tecpan de Galeana, Petatlán y Zihuatanejo, de la Costa Grande, el director nacional de Ordenamiento Territorial de Sedatu, Armando Saldaña, y el delegado en Guerrero, José Manuel Armenta, informaron a los beneficiarios que las obras de reconstrucción se entregaron tiempo después del previsto y algunas siguen pendientes porque hay empresas “que se fueron con la lana”.

La Sedatu entregó dos puentes y un fraccionamiento de 23 casas para damnificados por las tormentas ‘Ingrid’ y ‘Manuel’ cuyas lluvias provocaron severos daños en septiembre de 2013, en Petatlán, así como 38 viviendas más para damnificados por los sismos de 2014 en Tecpan de Galeana.

Armenta Tello pidió una disculpa institucional a nombre de la dependencia por la tardanza en las obras de reconstrucción, aunque precisó que ante los numerosos desastres naturales sucedidos en Guerrero, es difícil tener reconstruido todo en poco tiempo, aunado a que en algunos casos las empresas habían parado sus obras por diferentes motivos.

En Petatlán, el funcionario se comprometió a ejecutar las obras faltantes en un tiempo corto, pero aclaró que actualmente se tienen que resolver problemas administrativos y legales.

Por su parte, Armando Saldaña dijo que ya se resolvió el expediente técnico y el problema administrativo que se tiene con las obras pendientes en los casos donde las afectaciones fueron por sismos, por lo que en próximos días se estarán enviando nuevas empresas para que “se pongan a trabajar”.

“Aquella empresa a la que se le dio el dinero y empezó a trabajar, se llevó el dinero, se robó el dinero y hoy a esa empresa le iniciamos un juicio legal para que regrese el recurso, y hoy ese recurso es de todos ustedes. Un problema legal no se entrega de la noche a la mañana, ya lo concluimos y ahora vamos a seguir trabajando”, les explicó a los damnificados.

“Hay algunas empresas a las cuales se les dio dinero para que se hicieran las obras, nada más se hicieron unas cuantas y la empresa se retiró, por eso hoy no tenemos las obras terminadas”, agregó.

En ese municipio, indicó, “a la empresa que era responsable de la construcción se le dio el anticipo del 30 por ciento, sin embargo se tuvo problemas con la empresa, ésta no cumplió y pues tuvimos que proceder a la cancelación del contrato con esta empresa”.

Argumentó que el proceso de cancelación y la ejecución de la fianza no se puede dar de la noche a la mañana, porque además, si no se cuenta con el 30 por ciento para iniciar la obra, no se puede reiniciar y obviamente, firmar contrato con otra empresa.

José Manuel Armenta, al referirse a las empresas que han incumplido con sus contratos y dejado las obras varadas, dijo que hubo distintos motivos o circunstancias por las cuales al menos 15 empresas encargadas de programas de reconstrucción con Fonden o Plan Nuevo Guerrero, habían fallado.

No obstante, el delegado aclaró que ninguno de los casos tiene que ver con la violencia en la entidad.

“Hay varios casos que las empresas abandonaron las obras, pero no puedo generalizar que sea una condición de incumplimiento o que hubiesen destinado o desviado los recursos. En unos casos tuvo que ver que el año pasado no había suficiencia presupuestaria, en otras, la intervención de Profepa clausurando algunos de los predios”, concluyó.

Apenas la semana pasada, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Isaac Reyes Carbajal, se quejó de que diversas dependencias federales, entre ellas la Sedatu, adeudan más de 700 millones de pesos por obras realizadas como parte de la reconstrucción después de los graves daños que ocasionaron las lluvias en septiembre de 2013.

Sobre la SEDATU, el dirigente de los constructores guerrerenses aseguró que la dependencia adeuda 24 millones de pesos a un total de 25 empresas, que por esta razón están en serios problemas económicos.