¿Hay corrupción pero nomás tantita?

 

JESÚS LÉPEZ

 

Según el INEGI en Guerrero no hay tanta corrupción como en otros estados del país. Pero no se alegre. Si bien el 10.32 por ciento de los guerrerenses han sido víctimas directas de algún acto de corrupción de parte de funcionarios menores, es un cáncer que afecta a todos. Más cuando son los gobernantes quienes incurren en estas situaciones.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental solamente hace referencia a experiencias de corrupción en materia de servicios públicos, es decir, la de los funcionarios menores, y no a los grandes saqueos al erario por parte de los más poderosos.

Aunque el desvío de 286 millones de pesos en la administración de Ángel Aguirre por el que fueron encarcelados algunos de sus colaboradores cercanos supera por ejemplo, a los 104 millones por los que en 2011 fue encarcelado el ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchia; o a los 7.7 millones por los que fue acusado de defraudación fiscal el ex mandatario de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat.

Pero tampoco es el más cuantioso si se le compara con los 989 millones que se le imputaron a Andrés Granier en Tabasco cuando lo detuvieron en junio de 2013.

¿Sí tenemos corrupción pero nomás tantita? Para nada. Es solamente que no hay manera de medirla en su real dimensión ante factores permanentes como sin las complicidades y la impunidad.

Por ejemplo, en el periodo de René Juárez Cisneros una auditoría al Plan de Previsión Social arrojó un desvío de más de mil 600 millones de pesos en la Secretaría de Educación, que supera con creces a todos los casos anteriores; y en el periodo de Zeferino Torreblanca la Contraloría observó irregularidades por mil 38 millones en la eterna construcción de un edificio inteligente en Acapulco.

¿Qué sucede? Que hay políticos a los que podemos señalar de corruptos, pero no de tontos, y entre padrinazgos, negociaciones políticas y vericuetos legales, hallan la forma de cruzar el pantano ¿sin mancharse? Lo dudo. ¡Pero lo cruzan sin problemas!

De ahí que exista inconformidad porque el Congreso decidió a nivel federal desvirtuar la dichosa ley anticorrupción que impulsaba la Coparmex y permitir que los políticos hagan una versión light de sus bienes para compartir al público. Es decir, para que informen lo que quieran y no la cuantiosa realidad de sus fortunas hechas al calor del acogedor presupuesto.

La corrupción de altos niveles no se compara con la que midió el INEGI. Cuando un gobernador es corrupto afecta al total de la población. De ahí que no me resulta muy relevante que Guerrero esté por debajo de la media nacional en corrupción con 14 mil 810 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, por debajo de Morelos que tiene 29 mil, o Sonora con 33 mil.

Pero, si tomamos en cuenta que en 2015 el propio INEGI contabilizó una población de 3 millones 388 mil 768 habitantes, la cifra cobra relevancia, pues nos indica que se cometieron más de medio millón de actos de corrupción en el tema de servicios públicos el año pasado.

Las víctimas de corrupción que el INEGI tasa en 10 mil 352 por cada 100 mil, son en realidad 350 mil personas, lo que habla de recurrencia.

A nivel nacional la mayor prevalencia en actos de corrupción que afectan a los ciudadanos, son en el contacto con autoridades de seguridad pública, en trámites ante el ministerio público, juzgados o tribunales. Coincidentemente, es la seguridad pública el tema que más preocupa en el país, y en el estado, y donde más se debe combatir.

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