* Pide a PGR aclarar situación de funcionarios que hayan cambiado deliberadamente la narrativa de los hechos al sembrar pruebas en el río San Juan
FLOR MIRANDA
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó a la procuradora Aracely Gómez un documento con las principales recomendaciones para dar continuidad al trabajo de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre las que se solicita investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso y cambiado la narrativa de los hechos, además de no mantener la fragmentación de la investigación.
Las recomendaciones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fueron entregadas a unas horas de que concluyera su segundo mandato y su trabajo de asistencia técnica sobre el caso Iguala, el pasado sábado.
Los expertos acudieron a la sede de la Procuraduría General de la República donde tuvieron dos reuniones; una con el equipo responsable del caso y otra con la procuradora Arely Gómez, a quien le entregaron su segundo informe “Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas”, así como sus recomendaciones y la entrega del material de video y fotografía originales en los que se basó el video presentado por el GIEI sobre la escena del río San Juan, del 28 de octubre de 2014, con el cual dejaron entrever que las cenizas de los jóvenes fueron sembrados en ese lugar por personal de la PGR.
Las recomendaciones son 20 y entre ellas se encuentra: la unificación de las distintas causas penales, al considerar que solo aclararon que se requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa, pues las distintas causas penales deben estar concentradas y ser llevadas a cabo por jueces competentes y accesibles.
Además dijeron que es necesario evitar la fragmentación del expediente, por lo que las distintas averiguaciones previas que se han iniciado en contra de los procesados vinculados con la investigación, deben incorporarse a esta investigación en su totalidad, y para que la Oficina del Caso Iguala pueda tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que dijeron es clave para determinar la responsabilidad y modus operandi.
Puntualizaron que es necesaria una investigación integral, pues no es posible separar el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 de la investigación del grupo criminal que participó en los mismos.
Aclararon que actualmente, los primeros se investigan en la Oficina del Caso Iguala y los segundos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, SEIDO.
“Es necesario que la información relativa a esta organización criminal que sea relevante para el caso de los 43 sea agregada también a la investigación a cargo de la Oficina del Caso Iguala, e integrada en la investigación 1-2015. Se deben evitar interferencias de SEIDO en la investigación que debe ser dirigida únicamente por parte de la oficina de investigación del caso bajo la Subprocuraduría de Derechos Humanos, siguiendo los Acuerdos de Washington de octubre de 2015 ante la CIDH”, se apunta en las observaciones entregadas a la procuradora.
Se anota también que es necesario considerar e investigar, la desapariciones forzadas, homicidios, tentativas de homicidio, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, tortura, exceso en el uso de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Lo que significa que se deben ampliar los cargos en contra de los presuntos responsables.
Además se deben llevar a cabo las declaraciones testimoniales pendientes, especialmente las de las autoridades políticas del Estado de Guerrero que se encontraban en funciones en la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014; el director y subdirector de la policía de Huitzuco y el presidente municipal entonces en funciones, así como la declaración de las personas que se encontraban en barandilla la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, y deben realizarse las entrevistas a integrantes del 27 Batallón de acuerdo con las preguntas propuestas en el Informe Ayotzinapa II.
También pide dar seguimiento a la información de telefonía, porque debe establecerse la identidad de los usuarios de los teléfonos con quienes se comunican perpetradores y autoridades clave en ese momento, y que no han sido investigadas.
Respecto a los estudiantes, el GIEI pide que deben trazarse líneas de investigación a partir de los lugares donde, posteriormente a la hora de detención, se siguieron activando sus teléfonos.
Se anota que es necesario realizar la confrontación de la evidencia balística recogida en los escenarios de Santa Teresa y Juan N. Álvarez; la PGR deberá requerir la documentación militar relevante, sobre los sucesos de la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, misma que no se ha incorporado a la investigación; investigar posible traslado de estupefacientes, la indagación sobre la existencia de laboratorios clandestinos en la zona, el movimiento del dinero, las rutas utilizadas para el traslado de heroína hacia Estados Unidos, el medio de transporte utilizado, y si los propietarios de los medios de transporte son empresas, indagar sobre los propietarios, accionistas, socios.
Otra de las observaciones es realizar la plena identificación del quinto autobús y de documentos y declaraciones sobre el caso; investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías, pues el 80% de los 80 detenidos habían sufrido lesiones que debían ser investigadas; determinar otras responsabilidades en los hechos y en la investigación; investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho.
También piden capturar a la mayor brevedad, y que sean dispuestos de manera inmediata a las autoridades judiciales, a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, Secretario de Seguridad Pública de Iguala en el momento de los hechos, y Alejandro Tenescalco Mejía, ex miembro de la policía municipal de Iguala.
Investigar el patrimonio de los presuntos responsables del caso, si su origen es lícito o no, si se corresponde con su perfil de ingresos.
Investigar la posible obstrucción de la investigación, esto investigando a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa. Entre estas cuestiones están la falta de diligencia, negligencia o destrucción de evidencia en diferentes momentos de la investigación, que han sido señalados en los dos informes publicados por el GIEI.
“Desde enero de 2016, el GIEI señaló que existieron dificultades y obstrucciones a la investigación, la fragmentación del expediente y el control de numerosas peticiones y procedimientos por parte de la SEIDO, lo que limitó el trabajo del nuevo equipo de investigación”, se apunta en el comunicado.
Se recomienda a la PGR cambiar la narrativa del caso. “Es momento de que la PGR cambie su versión pública sobre los hechos e incorpore los hallazgos que expliquen tanto: a) las motivaciones de los normalistas, b) el desarrollo de los hechos, y c) la falta de claridad sobre el destino de los normalistas. Es decir, la realidad de por qué fueron los normalistas a Iguala, la no evidencia de que estuvieran infiltrados ni fueran confundidos por las autoridades con el narcotráfico, ni atacaron el acto político que había terminado cuando llegaron”.
“Es necesario que se señale que no existe certeza sobre el destino de los normalistas, las evidencias muestran tanto que uno de ellos fue identificado a partir de un resto óseo, pero también de que al menos uno de ellos existe evidencia telefónica que señalaría que se encontraba vivo a la 1:16h de la madrugada. La narrativa señalada hasta ahora como escenario final de los 43 normalistas del basurero de Cocula debe ser puesta en cuestión a partir de los peritajes científicos ya presentados por el GIEI y el EAAF, incluyendo aquellos que señalan que no puede responderse a dicha pregunta y que señalan que se necesitarían hacer nuevos estudios experimentales”, se escribe.
También se debe continuar con los procesos de búsqueda y la investigación de nuevas informaciones; mantener los espacios de diálogo y comunicación con los familiares y evitar las formas de victimización de las víctimas y promover su seguridad. (API)