* El 30 de abril se van del país los expertos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno de México para que coadyuvaran en las investigaciones de la PGR sobre la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, en septiembre de 2014, y su presunta incineración en el basurero de Cocula
Gilberto Guzmán
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó ayer domingo el último informe sobre su coadyuvancia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el que defiende la conclusión de que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, acusa al gobierno de no haber seguido líneas de investigación claves, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechosos de participar en las desapariciones forzadas y torturar a presuntos sospechosos para arrancarles “confesiones”.
En la noche del 26 de septiembre de 2014 murieron seis personas, tres de ellos estudiantes, y 43 jóvenes desaparecieron a manos de policías corruptos, quienes según la versión oficial los entregaron al cártel Guerreros Unidos para ser asesinados y quemados en el basurero de Cocula.
A la presentación del último informe del GIEI, este domingo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, ubicada a unos diez minutos de la Secretaría de Gobernación, no asistieron ni el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres, o el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo.
Y el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, despidió a los expertos vía Twitter:
“El @gobmx le agradece al GIEI, la información y recomendaciones incluidas en su segundo informe”. —Enrique Peña Nieto (@EPN) 15:14 – 24 abr 2016.
El mandatario aseguró que la PGR “analizará” el informe del GIEI “para enriquecer su investigación”:
“La @PGR_mx analizará el informe completo, para enriquecer su investigación sobre los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014”. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 15:16 – 24 abr 2016.
“Con apertura, responsabilidad y apego a Derecho, la @PGR_MX seguirá trabajando para que haya justicia”. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 15:17 – 24 abr 2016
Quienes sí ocuparon las sillas fueron padres de los normalistas de Ayotzinapa que corearon consignas como “¡No se vayan!, ¡no se vayan!“, en referencia al grupo de expertos cuya estancia en México culmina el 30 de abril, y “¡Fuera Peña!, ¡Fuera Peña!”.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, lamentó la inasistencia de los representantes del gobierno y la negativa del Estado mexicano para que el GIEI continúe coadyuvando en las investigaciones del caso de los normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Criticó la “preponderancia de la prueba testimonial y la confesión; las serias falencias en los procedimientos periciales y la falta de independencia de los órganos periciales”, en las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República desde octubre 2014, hasta la fecha.
También señaló un “enfoque de las investigaciones en autores materiales y no los intelectuales; el formalismo jurídico implementado en los procedimientos; la ausencia de un análisis de contexto”.
Adelantó que “la CIDH analizará con mucho cuidado el presente informe y sus recomendaciones”.
De acuerdo con el material gráfico presentado en la conferencia de prensa, la Procuraduría General de la República (PGR) halló restos óseos en el río San Juan, que además de no haberse registrado en el expediente, tampoco fueron dados a conocer de manera pública.
Hay líneas abiertas, afirma el GIEI
Francisco Cox, integrante del GIEI, afirmó durante la presentación que “No hay ninguna sola evidencia para cambiar nuestra conclusión de que los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula”.
Resaltó que para el GIEI no hay evidencia para cambiar lo expuesto el 6 de septiembre del 2015 sobre la imposibilidad de que los estudiantes fueran incinerados en Cocula.
Los expertos destacaron que era muy importante realizar todas las diligencias y análisis de los datos de telefonía, porque “la versión de la PGR decía q teléfonos habían sido destruidos en Cocula, pero los teléfonos siguieron activos días después del día 26 y 27”, aseguró Claudia Paz y Paz.
Hizo énfasis en que la línea de investigación sobre los teléfonos y que estuvieran activos días después de los hechos no ha sido investigada.
El quinto autobús, clave en el Caso Iguala
El GIEI solicitó a las autoridades de México no cerrar la investigación de un quinto autobús que la noche del 26 de septiembre de 2014 salió de la terminal de Iguala con normalistas a bordo y que no fue atacado, porque el que ellos revisaron no corresponde con el que salió de la terminal.
Recordaron que en el informe del 6 de septiembre de 2015, el GIEI señaló que además de los cuatro autobuses que aparecen en la investigación de la PGR y que fueron atacados la noche del 26 de septiembre, hubo un quinto autobús tomado por normalistas que fue el último en salir de la terminal de Iguala.
El camión 3278 de la empresa Eco Ter Estrella Roja fue investigado por la PGR para saber si fue utilizado para trasladar droga a Chicago, Estados Unidos; sin embargo, las autoridades no encontraron evidencias de esto.
Pero una investigación de autoridades estadunidenses que forma parte de expedientes judiciales en ese país da cuenta de una ruta de droga entre Iguala (Guerrero) y Chicago (Illinois), a través de la cual decenas de kilos de heroína y cocaína eran transportados en camiones de pasajeros.
La investigadora Ángela Buitrago dijo que esta línea de investigación no debe cerrarse, al insistir en que el autobús que ellos revisaron no es el mismo que salió de la terminal de Iguala.
“Hay un manuscrito donde narra lo que sucedió (con el quinto autobús), que fueron los muchachos los que sacaron conduciendo el bus; se detienen por la Policía, en particular federal, quien les apunta y los baja del bus frente a la caseta de la salida de Iguala”, completó Buitrago.
Indicó que desde octubre de 2014 han solicitado a Estados Unidos información sobre el trasiego de drogas del grupo de Guerreros Unidos a ese país a través de autobuses de pasajeros, pero no han obtenido nada hasta el momento.
“El quinto autobús es una hipótesis que podría justificar un ataque de esta extensión y masividad”, por lo cual insistieron en que la PGR continúe investigando al respecto.
La Policía conoció lo ocurrido el 26 de septiembre
El documento que recoge las conclusiones del segundo y último mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), revela que fue una patrulla de federales quienes detuvieron e hicieron bajar apuntando con pistola a los jóvenes del quinto autobús.
“La Policía Federal en Iguala tenía información de lo que estaba pasando en tiempo real, sabía de la acción de la toma de buses y alertó a sus agentes para que estuvieran vigilantes en las carreteras, donde se supone que podrían salir huyendo los normalistas”, señala el informe publicado este domingo.
Los especialistas creen que el vehículo tomado por los normalistas podría estar cargado con droga oculta, lo que pudo ser el móvil del ataque armado a los estudiantes.
Los jóvenes huyeron hacia un barrio de Iguala mientras miembros de la policía municipal les dispararon con la participación de una patrulla ministerial, estableció el GIEI con base en testigos y a un manuscrito del conductor de la unidad, que fue escoltado por una patrulla federal posteriormente.
Además, los policías habrían participado en la noche del 26 de septiembre de 2014 en un retén a la salida de Iguala, que desvió el tráfico, pero permitió el paso del autobús del club de fútbol infantil Los Avispones, atacado por policías municipales o “encapuchados”, según las versiones, minutos después en otro punto de la carretera.
El informe también denunció el maltrato dado a los supervivientes y familiares del tiroteo, tras negarse a atender a los heridos, y su presencia en el puente del Palacio de Justicia o del Chipote, donde se atacó a uno de los autobuses.
El informe también da más detalles sobre la posible participación de la policía local de Huitzuco, a unos 30 kilómetros de Iguala, en la desaparición de los 43 estudiantes.
Cinco patrullas realizaron un retén en el poblado cercano de Pololcingo, aunque los testimonios no aclararon el porqué de este destacamento.
Posteriormente hubo un reemplazo y varias patrullas de Huitzuco dejaron el retén, encontrándose a una distancia que les habría permitido recoger a varios de los estudiantes atacados en el puente del Chipote.
Según una nueva versión presentada este mes por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, los agentes de Huitzuco podrían haberse llevado entre 15 y 20 estudiantes que se encontraban en ese punto, lo que daría pie a la configuración de una “segunda ruta de desaparición”.
¿Y los militares?
El grupo de expertos de la CIDH denunció hoy que tras la presentación de su primer informe sobre el caso Ayotzinapa, en septiembre de 2015, algunos militares, a los que les fue imposible entrevistar tras meses de peticiones, cambiaron o aportaron nuevos elementos ante la Fiscalía mexicana.
En estas nuevas declaraciones se tratan temas citados en su primer análisis, como la presencia de militares en la comisaría donde se cree que un grupo de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, pudo permanecer recluido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Dos militares del 27 Batallón, asentado en Iguala, reconocieron por primera vez y a escasos días de la presentación del informe que se había acudido a esta instalación, reforzando los testimonios de otros dos elementos del Ejército de diciembre de 2014.
Según el GIEI, los militares fueron a preguntar por una motocicleta de un agente de inteligencia de su equipo, vestido de civil esa noche, y que la habría dejado en una de las escenas del crimen.
Sin embargo, en declaraciones anteriores ningún militar había citado esta moto y para el GIEI lo más sorprendente es que, a pesar de conocer los sucesos en tiempo real que tenían lugar esa noche en Iguala, fueron a la comisaría “sin interesarse por el destino de los jóvenes”.
Estos cambios en las declaraciones se descubrieron posteriormente pues para el GIEI ha sido imposible entrevistar a los militares -un reclamo también de los padres de los 43 estudiantes-, a pesar de las doce peticiones de información en este campo.
“No se proporcionó al GIEI no solamente la posibilidad de entrevistar al personal del 27 Batallón, sino tampoco las bitácoras, documentos, planes de acción o informes realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre dichos acontecimientos”, señaló el informe.
El informe contiene las preguntas que querían formular a los militares sobre sus labores de inteligencia en esa noche, sobre las fotografías que tomaron en el Palacio de Justicia, las órdenes emitidas o las salidas de las patrullas.
Incluso se preguntan la existencia de un soldado apodado “el Satánico”, que aparece en una declaración de un marino y era presunto traficante para el cártel Guerreros Unidos, que según la versión oficial se encargó de matar y quemar a los 43 jóvenes detenidos por policías corruptos de Iguala.
El Gobierno bloqueó la búsqueda de los 43
En una entrevista con el diario The New York Times, cuatro de los cinco miembros del GIEI denunciaron que han tenido que enfrentar el rechazo por parte de la administración de Enrique Peña Nieto a entregarles documentos y darles acceso a entrevistas con personas esenciales para la indagatoria.
“Existen sectores dentro del Gobierno que no quieren que ciertas cosas se vean cuestionadas y, por tanto, hay un intento de reforzar la ‘verdad histórica’ sin tomar en cuenta los nuevos elementos que hemos descubierto”, señaló el investigador Carlos Beristain.
“Estos sectores nos miraban como a una amenaza y esto fortaleció su visión negativa sobre nosotros, lo que, a su vez, reforzó la impunidad que impide que las cosas cambien en este País”.
Los investigadores denunciaron que la presión ejercida sobre ellos contradice la promesa del Gobierno federal de cooperar con total transparencia para descubrir qué sucedió con los 43 jóvenes.
Afirmaron que el trato de las autoridades se enfrió abruptamente en septiembre del año pasado, cuando publicaron un reporte que contradecía la versión oficial de que los cuerpos de los normalistas fueron incinerados en un basurero de Cocula.
17 torturados en Caso Iguala
El GIEI indicó que al menos 17 de los 80 detenidos por su supuesta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron presuntamente torturados, entre ellos, cinco personas clave que aseguraron que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
A petición del GIEI, el equipo del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura analizó las pruebas médicas de 17 reos seleccionados en función de su relevancia en el caso, luego de que al término de su primer mandato el GIEI detectara que el 77 por ciento de los detenidos tenían lesiones de distinta intensidad.
“Nuestras conclusiones han sido que un análisis ponderado de todos esos materiales muestra que, a juicio del GIEI, en todos los casos hay indicios significativos de malos tratos y torturas”, dijo Carlos Beristaín, integrante del GIEI.
“Varios de los informes que hemos visto de mecánicas de lesiones tienen conclusiones extemporáneas o contradicciones”, agregó, “el primer informe no tiene lesiones, el segundo informe cinco horas después tiene lesiones, y a veces el tercero y cuarto informe sigue teniendo más lesiones, lo cual muestra que las lesiones no se deben a las maniobras de detención sino se deben a un trato sufrido cuando uno está bajo custodia”.
Los 17 casos de indicios de tortura investigados por el GIEI
Inculpados de Guerreros Unidos que declararon sobre el basurero de Cocula: Jonathan Osorio Cortez, “Jona” o “Jonas”; Agustín García Reyes, “Cheje” o “Chereje”; Patricio Reyes Landa, “Pato”; Felipe Rodríguez Salgado, “Cepillo” o “Terco”; Miguel Ángel Landa Bahena, “Duva”, “Duvalín” o “Chequel”; Gildardo López Astudillo.
Policías de Cocula: César Yáñez Castro, Roberto Pedrote Nava, Óscar Veleros Segura, Julio César Mateos Rosales, Alberto Aceves Serrano, Ignacio Aceves Rosales, César Nava González.
Policías de Iguala: Verónica Bahena Cruz, Edgar Vieyra Pereyda, Alejandro Mota Román, Alejandro Lara García Cuadro.
Seguirá abierta la investigación: PGR
El subprocurador de la PGR, Eber Omar Betanzos, afirmó que la indagatoria para esclarecer los hechos ocurridos en Iguala, sigue abierta y se atienden todas y cada una de las líneas de investigación.
En conferencia de prensa, reiteró el compromiso permanente de la Procuraduría General de la República (PGR) con las familias y víctimas para esclarecer los hechos y expresó el interés por seguir trabajando con los padres de los jóvenes desaparecidos.
El subprocurador de Derechos Humanos y Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR sostuvo que se brindará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) toda la información necesaria para su seguimiento.
Sobre el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Betanzos expresó que no existe un antecedente que vincule jurídico-penalmente al Ejército Mexicano con los hechos de la desaparición y lesiones a normalistas.
Recomendaciones del GIEI por Caso Iguala
Los 22 puntos propuestos por Ángela Buitrago, Claudia Paz y Paz, Francisco Cox, Carlos Beristáin y Alejandro Valencia al Gobierno federal para atender casos de desaparición forzada en el país son:
Disminuir la formalidad y burocracia, Limitar la preponderancia de las pruebas testimoniales y confesiones, Mejorar la calidad y el método de toma de declaraciones, Aumentar el valor de la prueba pericial y objetiva.
Además, Rediseño institucional para que los servicios periciales sean independientes de la PGR, Potenciar la capacidad analítica de las pruebas, Realizar análisis de contexto que permitan investigar patrones y responsabilidades, Incorporar en la investigación todos los delitos y violaciones de derechos humanos, Evitar que las violaciones de derechos humanos se juzguen bajo el rubro de delincuencia organizada.
Continúa: Cualificar y valorar la calidad de la investigación sobre el número de inculpados, Integrar las averiguaciones, evitando la fragmentación de los procesos, Promover un sistema de información periódica a las víctimas, Comunicación pública para evitar filtración de las investigaciones por parte la PGR.
También: Acceso a todas las fuentes de información y potenciar las líneas de investigación, Investigar eventuales responsabilidades superiores y no solo de autores materiales, Uso de medios tecnológicos en las búsquedas de los desaparecidos, Exhumación, inhumación y conservación y entrega de restos óseos.
Agrega: Atención adecuada y manejo público de las víctimas, Evitar la revictimización y criminalización de las víctimas, Informes médicos adecuados a estándares internacionales, Garantías médicas durante la detención, y Actitud cooperativa frente a asistencia internacional.