* El grupo de expertos de la CIDH acusó que las autoridades mexicanas, que les entregaron 2 millones de dólares en un año, orquestaron ataques en los medios contra ellos y se negaron a permitirles entrevistar a militares
REDACCIÓN
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguraron que el gobierno de México ha frustrado las investigaciones para encontrar a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y que la muestra más contundente de ello es la negativa a extenderles el permiso para que su estancia se prolongue más allá del 30 de abril, como lo demandan los padres de los estudiantes.
En declaraciones hechas al The New York Times, los expertos consideraron que a lo largo de las investigaciones, las autoridades mexicanas pretendieron mantener el caso en el ámbito municipal y cuestionaron que sólo pretendieran buscar a los 43 normalistas cuando existen cientos de desaparecidos.
Los expertos de la CIDH, quienes recibieron del gobierno mexicano 2 millones de dólares para que realizaran sus actividades en nuestro país —de los cuales se gastaron entre los 5 integrantes casi medio millón de dólares en sueldos y viáticos en los primeros seis meses—, dijeron haber sufrido ataques cuidadosamente orquestados a través de los medios de comunicación mexicanos y un repetido rechazo por parte del gobierno para entregarles documentos o permitirles entrevistas con figuras esenciales para la investigación, entre ellos los elementos del 27 Batallón de Infantería que tuvieron algún acercamiento con los jóvenes desaparecidos el día de los hechos.
De hecho, varios concluyeron que al gobierno de México simplemente no le importa o no quiere que el caso de los 43 desaparecidos sea resuelto.
“Las condiciones para llevar a cabo nuestro trabajo no existen”, dijo Claudia Paz y Paz, miembro del GIEI, que se ganó el reconocimiento internacional para el enjuiciamiento de un ex dictador de Guatemala por cargos de genocidio.
Francisco Cox, abogado en derechos humanos de origen chileno, indicó que “no tenía sentido quedarse ahí, porque de cierta manera es dar legitimidad a algo que en el fondo sabes que no es correcto”.
La presión ejercida sobre los investigadores, descritas por cuatro de los cinco miembros del GIEI en la entrevista con The New York Times, destruye las promesas del gobierno mexicano de cooperar plenamente para descubrir lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los investigadores afirman que su trabajo está lejos de ser completado, no obstante, abandonarán el país en los próximos días, luego de que el gobierno mexicano rechazó toda posibilidad de que continuarán sus actividades como coadyuvantes en la investigación más allá del 30 de abril, cuando vence su
El GEI afirma que, pese a que en un principio tuvieron un recibimiento cálido por parte del gobierno, las cosas cambiaron después del primer informe presentado en septiembre, en el cual, se contradecía la “verdad histórica”.
“Después de nuestro reporte fue evidente que la relación cambió (…) ellos pensaron que nosotros íbamos a mantener su versión de lo que pasó”, afirma Cox.