*El director Jurídico de Coyuca de Catalán, Modesto Carranza, revela que en ese municipio hasta el síndico y regidores demandaron indemnización al concluir su periodo
Jesús Saavedra
Derivado del no pago de las sentencias laborales, cuando menos los alcaldes de Cuajinicuilapa y Arcelia enfrentan procesos de desafuero ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que representa una amenaza seria contra los alcaldes que se resistan a pagar laudos laborales, que de acuerdo con estimaciones del gobierno estatal fluctúan entre los mil 800 a dos mil millones de pesos.
Esa es la realidad al extremo que enfrentan cuando menos las administraciones municipales que no tienen recursos para pagar laudos laborales, porque abogados han solicitado la destitución del cargo por no acatar una resolución judicial en materia laboral.
Los dos temas actualmente se desahogan en la SCJN, a petición expresa de ex trabajadores de la comuna de Cuajinicuilapa que encabeza, Constantino García Cisneros, y de Arcelia, Adolfo Torales Catalán, ambos militantes del PRI.
“Son casos que han sido llevados al extremo, de responsabilidades que son de otras administraciones y que fueron heredadas a las que iniciaron a trabajar desde septiembre, es una triste realidad y sobre esos alcaldes pesa una solicitud de desafuero o separación del cargo, tal vez sin tener responsabilidad en esos asuntos”, informó el director Jurídico del municipio de Coyuca de Catalán, Modesto Carranza Catalán.
Carranza Catalán promueve con directores Jurídicos de una veintena de municipios que en la homologación de la Ley Federal del Trabajo con la local, queden establecidas claramente las reglas de los trabajadores de confianza y sus derechos y finiquitos, porque “hace falta dar un soporte jurídico para evitar tantas demandas laborales que van en perjuicio de las finanzas en los municipios”, indicó.
En ese municipio de la Tierra Caliente, incluso los regidores y síndico saliente están exigiendo, vía un juicio laboral, el pago de finiquitos, lo que Carranza Catalán considera “es una situación vergonzosa, pero así están las cosas; ojalá los ayuntamientos puedan ser más accesibles para evitar lo que pasa en los municipios de Arcelia y Cuajinicuilapa, donde están pidiendo la destitución de los alcaldes por no acatar una resolución judicial en materia laboral”, expresó.
“El conflicto (por pago de laudos laborales) existe en los 81 municipios, necesitamos del auxilio de las autoridades para poder convenir deudas institucionales que al rato se vuelven impagables y que van en detrimento de las finanzas públicas municipales”, añadió.
Carranza Catalán señaló que la mayoría de los municipios enfrentan esta situación porque en septiembre liberaron recursos del ramo 28 para el pago de nómina, pero los alcaldes que finalizaron su período el 13 de septiembre no lo hicieron, “dejaron pendientes quincenas y aguinaldos, eso nos genera un problema grave porque son compromisos a futuro, además de los que trae arrastrando el municipio”, añadió.
Apuntó que es necesario esa reforma u homologación de las leyes federales y estatales, pero además buscar los mecanismos financieros para afrontar los laudos laborales que en el caso de ese municipio de la Tierra Caliente se traduce en una deuda de más de 10 millones de pesos.