Si lo que confesó durante el interrogatorio fue asentado en la averiguación previa con la que fue consignada, las pruebas serían nulas y se le debería otorgar su libertad, además que podría exigir reparación del daño al Estado
Redacción
Elvira Santibáñez Margarito, de 22 años de edad, la mujer que aparece siendo torturada por militares y una policía federal, en un video que circula en Internet, presa en Nayarit por su relación con el grupo criminal La Familia Michoacana, podría recuperar su libertad si su defensa demuestra violaciones a sus garantías.
De acuerdo con juristas consultados por El Universal, a la mujer detenida el 4 de febrero del año pasado en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, al ser torturada le afectaron su libertad, la integridad personal y sicológica, por lo que además de conseguir su libertado hasta podría obtener una indemnización.
El abogado de la organización Justicia Pro Persona, Sergio Méndez Silva, declaró al citado diario que las pruebas contra Elvira Santibáñez obtenidas por la autoridad bajo tortura, resultarían nulas en el proceso judicial.
El abogado expresó que quienes la torturaron “querían que confesara algo, habría que saber si la obtuvieron y está en la averiguación previa. De ser así, todas las pruebas derivadas de la confesión tendrían que anularse porque es una prueba ilícita. La consecuencia natural es la liberación”, explicó.
Agregó que si las pruebas que presentaron en su contra fueron producto de la tortura, impactaría en el proceso, se anularían, y el Estado tiene que repararle necesariamente por el daño que le causaron.
Consultada también por el mismo diario, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, lamentó que esta forma de buscar confesiones “tira los casos”, aun cuando el acusado sea culpable de los delitos que se le imputan.
“Aunque sean culpables salen por actos de tortura, y a quien terminan haciéndole un daño las autoridades es a la propia víctima y a la sociedad en general”, expresó.
De acuerdo con algunos medios, Elvira Santibáñez Margarito, en su declaración reconoció ser sicaria y pertenecer a la organización criminal La Familia Michoacana, por lo que fue recluida en el penal federal de Nayarit.
La mujer fue detenida el 4 de febrero del año pasado junto a otros dos sujetos originarios de la localidad de Arcelia, en posesión de armas de grueso calibre, cargadores, una motoneta y 11 mil pesos en efectivo.
La Familia Michoacana, de acuerdo con las autoridades federales, es responsable de decenas de ejecuciones, secuestros y extorsiones en la región de Tierra Caliente de Guerrero, donde mantiene una lucha por el control de la zona en contra de otros grupos criminales, entre ellos Guerreros Unidos y Los Tequileros.