* El gobierno de México les depositó dos millones de dólares, pero no se gastaron todo: Roberto Campa
* El organismo internacional informó que se establecerá un mecanismo de seguimiento de las medidas cautelares a las víctimas
Redacción
Mientras que el gobierno mexicano reveló ayer que la estancia en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, como coadyuvantes en la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa costó poco más de un millón 500 mil dólares al gobierno mexicano –algo así como 26 millones de pesos—, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó que el GIEI concluirá su mandato el próximo 30 de abril.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, declaró en entrevista radiofónica que el gobierno federal realizó dos depósitos de un millón de dólares por cada periodo de 6 meses de estancia, pero que no todos los recursos fueron utilizados por los 5 expertos.
Precisó que en el primer depósito sólo se gastaron 800 mil dólares, la mayoría de ellos en sueldos y viáticos para sus 5 integrantes, en tanto que del segundo depósito quedan 300 mil dólares aún disponibles.
Campa Cifrián dijo que por ello el monto total de gastos para la operación del GIEI superará el millón y medio de dólares, lo cuales fueron utilizados por Ángel Buitrago, Claudia Paz, Francisco Cox, Carlos Beristain y Alejandro Valencia para realizar labores de búsqueda, investigación y atención de las víctimas, siempre bajo el respeto absoluto de la administración de Enrique Peña Nieto.
En cuanto a la filtración de audios en los que se escucha al abogado Vidulfo Rosales emitir expresiones discriminatorias en contra de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Roberto Campa negó cualquier implicación del gobierno en intervención de comunicaciones
Sí se va el GIEI de México: CIDH
Sobre la conclusión del mandato del GIEI, la CIDH confirmó oficialmente a través de un comunicado que la labor en México de los 5 expertos que sólo cuestionaron las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República, concluirá el próximo 30 de abril, como está estipulado en el acuerdo firmado con el gobierno federal.
En su confirmación, la CIDH indicó que se establecerá un mecanismo de seguimiento de las medidas cautelares, que se circunscribirá a sus facultades reglamentarias y de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en la región, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y adelantó que los detalles de dicho mecanismo serán definidos en los próximos días, en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares.
Como lo hizo recientemente en una reunión de trabajo con la CIDH en el marco de su 157º período de sesiones, el Gobierno de la República reitera la valoración positiva de la labor del GIEI y sus aportes en la investigación. El Estado continuará dando la atención correspondiente para la efectiva implementación de las medidas cautelares de referencia, a las recomendaciones que formulará el GIEI en su informe final que serán debidamente consideradas, como se ha venido haciendo a la fecha. Asimismo, las autoridades competentes seguirán trabajando con los familiares de las víctimas y sus representantes.
El Gobierno de la República reitera su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, así como su voluntad indeclinable para alcanzar la justicia y esclarecer los hechos del doloroso caso. México continuará colaborando con los organismos internacionales relevantes a fin de que contribuyan en la construcción de políticas públicas sólidas y en el mejoramiento de nuestras instituciones.