Román Ibarra
La falta de una adecuada política laboral ha llevado al gobierno del Estado y a los ayuntamientos de Guerrero a la actual crisis económica, provocada por la deuda en laudos laborales cercana a los dos mil millones de pesos, de la que mil millones corresponden al gobierno del Estado y los restantes a ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos, la cual se incrementa cada mes y requiere de una urgente estrategia para resolverla.
Los antecedentes de ese problema tienen que ver con una política laboral irresponsable de esas instancias de gobierno en Guerrero y con el hecho de que solo existe un Tribunal de Conciliación y Arbitraje para todo el Estado, el cual por ese motivo siempre está sobrecargado de trabajo, lo que hace exageradamente lentos los procesos laborales de los trabajadores al servicio del gobierno, violando con ello el numeral 17 de la Constitución Federal, que establece que la impartición de justicia debe ser pronta, afectando con ello el erario público, ya que esos laudos habrán de pagarse de los impuestos.
Contribuyen también a esa lentitud en la administración de Justicia laboral de dichos trabajadores la insuficiencia de Juzgados de Distrito y de Tribunales Colegiados en el Estado para el rápido desahogo de los amparos en Materia laboral.
Pero la causa principal de ese problema es la irresponsabilidad de los funcionarios públicos de las instancias mencionadas que en cada cambio de gobierno despiden a quienes laboraron con el anterior y no están políticamente con los nuevos, aunque sean del mismo partido, lo cual sucede porque la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos no establece sanciones económicas a quienes despiden de manera injustificada.
Creo que el problema puede resolverse utilizando la figura de la conciliación, instrumento central del Derecho del trabajo, haciendo propuestas económicas a los trabajadores, lo que permitiría reducir de un treinta a un cuarenta por ciento los montos, incluso pagaderos en abonos, en un tiempo razonable.
Sin embargo, en lugar de pensar en esta propuesta el gobernador y su secretario de finanzas solo se lamentan del problema, alentando con ello actitudes de no pago, a pesar de que saben que es imposible eludirlo y mientras se sigan negando a pagar el gobierno se está conduciendo como autoritario y despótico.
Tener la actitud asumida por las autoridades, dada a conocer por los medios de comunicación, solo complica el problema e incrementa su monto mensualmente, el cual tarde que temprano tendrá que pagarse, ya que se trata de derechos sagrados.
Seguramente los nuevos funcionarios se alegrarán con las reformas que se hicieron recientemente a las leyes laborales estatales que limita a un año el pago de los salarios caídos adoptando la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo.